La muerte de Jorge Rafael Videla nos lleva a recordar, con renovada insistencia, la compleja trama de intereses políticos y económicos que apuntalaron la revancha clasista ejecutada con saña por las Fuerzas Armadas desde el 24 de marzo de 1976. A su reciente fallecimiento se suma la de José Alfredo Martínez de Hoz, Ministro de Economía durante el “Proceso de Reorganización Nacional”, complemento de Videla como artífice del plan económico.

Los juicios. Desde que se han iniciado los juicios a los genocidas de la última dictadura, a partir de la derogación de las leyes del perdón de los años menemistas, se abre paso una nueva etapa en la historia política de nuestro país, que nos obliga a revisar nuestro pasado, juzgando y condenando, ahora sí, a los autores ideológicos, materiales y cómplices de las innumerables violaciones a los Derechos Humanos. En este sentido y de acuerdo a datos del CELS, hacia inicios del 2013 se registran 2088 acusados por delitos de lesa humanidad, cifra importante teniendo en cuenta que en el año 2007 el número era sólo de 922. Entre 2006 y 2013 se han condenado a 386 genocidas, los cuales han recibido en un 44% la pena máxima o perpetua.

Los objetivos. No olvidar los objetivos que guiaron las prácticas de represión, tortura y desaparición forzada a que fueron sometidos trabajadores, intelectuales y militantes políticos que soñaron con una Argentina distinta requiere de una tarea de pedagogía permanente.

La dictadura dejó como herencia una menor participación de los trabajadores en el PBI, que pasó del 45% en 1974 a un escaso 25% en 1982. Junto a ello, el salario real cayó de 100 en 1974 (año base) a 55,3 en 1982. Los asalariados perdieron la mitad de su poder adquisitivo en tan solo 8 años. También empeoró la distribución del ingreso: mientras que en 1974 los ingresos bajos conformaban el 12,4% del total, los ingresos medios el 60,7% y los ingresos altos el 27%; en 1981 pasaron a ser del 10,1%, 56,4% y 33,5% respectivamente. Finalmente, cabe destacar que a fin del período nuestro país había acumulado 45000 millones de dólares en deuda (equivalente a 5 años de exportaciones), un déficit de 17% sobre PBI, y significativas “transferencias comprometidas como producto de la estatización de la deuda privada y de los cuantiosos beneficios de la promoción industrial”i.

La política de desindustrialización, que constituyó la necesaria contracara de la implementación del patrón de valorización financiera, fue el eje de la economía a partir de las reformas financieras y de apertura económica instauradas por Martínez de Hoz. Este brusco cambio en el patrón de acumulación a partir de 1976 (y que tuvo vigencia aún con gobiernos democráticos hasta la crisis orgánica del año 2001) lejos estuvo de ser consecuencia de una crisis endógena del sector industrial, como se ha sostenido con frecuencia. Muy por el contrario, la industria evidenció un crecimiento continuo entre 1964 y 1974, que fue interrumpido mediante un cambio radical en la política económica. Por tanto sostenemos que la reorganización nacional no fue más que una revancha clasista a favor del capital y en contra de la clase trabajadora.

Como producto de estas políticas, el sector manufacturero se encontró claramente debilitado a través de un fuerte proceso de “desindustrialización” y reestructuración regresiva del aparato fabril, el poder económico se volvió fuertemente concentrado y centralizado y el ciclo de acumulación y de reproducción ampliada del capital fue crecientemente diversificado y transnacionalizado. Completaron el escenario, el estancamiento de la producción (e incapacidad para generar nuevos puestos de trabajo), la caída de la inversión, la imposibilidad estatal de invertir desde el mismo Estado y una elevada tasa de interés. Con una paradoja: los grupos económicos recibían los subsidios principales (o sea generaban parte del déficit) y eran quienes financiaban además ese déficit. Como contracara, se encontraba un reducido conjunto de pymes con poco poder, muy inferior al existente al final de la sustitución de importaciones, una clase trabajadora fragmentada, con desocupación, precarización laboral y marginalidad.

Los responsables. El proceso de juzgamientos ha permitido, de manera concomitante, despertar un amplio debate social en torno a los profundos objetivos con que se implantó la dictadura. Y particularmente acerca de la vinculación del proyecto político con los intereses económicos de las grandes empresas y del capital financiero, que portaban como imperativo el acallamiento de las resistencias de los trabajadores y de los sectores populares en su conjunto. Casualmente fue Videla quien declaró, en abril del año pasado, que “Los empresarios se lavaron las manos y nos dieron con todo. ¡Cuántas veces me dijeron: ‘Se quedaron cortos, tendrían que haber matado a mil, a diez mil más!’”.

En los últimos años se ha logrado instalar en el debate público y con creciente énfasis, la complicidad civil en la última dictadura. Esto es imprescindible, porque esta complicidad civil incluyó, como actores fundamentales, a empresarios locales o representantes de grupos económicos transnacionales, quienes participaron ya sea de modo directo o indirecto en la represión hacia los trabajadores durante el Proceso. Se estima que un 67% de los desaparecidos son trabajadores, y las principales víctimas han sido activistas, delegados y hasta algunos secretarios generales.

El planteo de la existencia de una “subversión industrial” en 1975 fue la excusa para disciplinar al movimiento sindical. La instauración del patrón de valorización financiera permitió a los más grandes grupos económicos desvincular su suerte de la de los trabajadores, que pasaron a ser considerados como un costo necesario de ser reducido a su mínima expresión para maximizar su margen de ganancia.

Esta vinculación en materia de intereses económicos entre empresarios y dictadura se ha comenzado a explicitar en estos últimos años, al punto que se ha relevado importante información sobre la efectiva colaboración de empresarios en la represión a los trabajadores.

La información recogida para seis casos de empresas importantes (Astarsa, Acindar, Dálmine Siderca, Ford, Ingenio Ledesma y Mercedes Benz), demuestra de manera contundente que existió un patrón común de funcionamiento que se repitió con características muy similares en todos estos grandes establecimientos fabriles: “la colaboración de las distintas empresas con las fuerzas represivas mediante la provisión de vehículos, infraestructura, dinero y/o personal, el otorgamiento de libre acceso a las plantas y la remoción de cualquier obstáculo al accionar de las fuerzas armadas, además de la aceptación de la contratación de personal encubierto, con el objetivo de vigilar a los trabajadores y recibir informes de inteligencia sobre sus acciones. Los directivos de las grandes empresas no sólo aceptaron la represión a sus trabajadores, sino que la demandaron y guiaron, proporcionando listados de trabajadores a ser secuestrados y aportando recursos para el funcionamiento de la maquinaria de la represión”ii.

En función de lo anterior, es importante no sólo repetir hasta el cansancio la vinculación del poder económico de la última dictadura sino también la dimensión laboral del genocidioiii. La coyuntura argentina de los años 1974-1975 se caracterizó por una gran extensión de los conflictos laborales. Más de la mitad (unas 60) de las cien empresas más grandes del país aparecen con alguna vinculación en los procesos represivos, y un gran número de los activistas y delegados sindicales asesinados entre 1974 y 1978 tenían en su historia laboral el empleo en alguna gran empresa. A su vez, existe un numero de gerentes y directores de empresas denunciados por víctimas o familiares de víctimas por complicidad en la represión, al igual que existen sospechas respecto a la financiación de grupos paramilitares, y de construcción de campos de genocidio al interior de establecimientos laborales por parte de grandes empresas.

El procesamiento de Blaquier, empresario dueño del complejo azucarero Ingenio Ledesma SA en Tucumán, es una señal de avances en torno a la complicidad civil. También durante el 2012 se ha procesado a Levín dueño de la empresa la Veloz del Norte y a los hermanos Mendez propietarios de una quinta donde funcionó un centro de detención en Tandil. Otros nombres resuenan como sospechados: Martínez de Hoz (fue condenado por su complicidad en la represión y ha quedado en el tintero su responsabilidad en delitos económicos), Juan Alemann y Amalia Lacroze de Fortabat, entre otros.

El Nunca Más debe incluir la memoria económica sobre la implantación de la valorización financiera por expoliación de los trabajadores junto con la necesaria dimensión laboral del genocidio.

Julia Strada
Juan Manuel Ortiz
Hernán Letcher
Maestria FLACSO

iAspiazu, Daniel (1991), Programa de ajuste en la Argentina en los años ochenta: década perdida, p. 9
ii Basualdo, Victoria (2006), Complicidad patronal-militar en la última dictadura argentina, Engranajes. p. 16-17.
iii Cieza, Daniel (2012), La muerte por cuenta ajena. Terrorismo de Estado, gran empresa y trabajadores en conflicto en la Argentina, Campana de Palo p. 14.