La diputada nacional Marcela Pagano denunció un presunto uso discrecional de fondos destinados a rutas nacionales y sostuvo que esos recursos se liberaron para conseguir respaldo político en el Congreso. En paralelo, la Justicia Federal ordenó al Gobierno nacional reparar tres rutas clave en Santa Fe y cuestionó la falta de mantenimiento.
El manejo de los fondos destinados a Vialidad Nacional quedó bajo una nueva lupa judicial y política. La diputada nacional Marcela Pagano presentó una denuncia penal contra funcionarios del Gobierno de Javier Milei por el presunto uso discrecional de recursos que, según su planteo, debían financiar obras y mantenimiento de rutas nacionales.
Pagano sostuvo que parte de esos fondos pudo utilizarse como herramienta de negociación política con gobernadores y legisladores. Según afirmó, el Gobierno liberó partidas en momentos clave para obtener respaldo parlamentario a sus proyectos.
La legisladora pidió que la Justicia investigue el destino de esos recursos y comparó el caso con la causa Vialidad, que terminó con una condena contra Cristina Kirchner.
“La denuncia recayó en el juzgado federal Nº10, que maneja (Julián) Ercolini, que tuvo la causa Vialidad, impulsada por Javier Iguacel, y donde se estudian estos mismos fondos viales y quien instruye la condena para Lázaro Báez y Cristina Kirchner”, afirmó Pagano.
La diputada sostuvo además que la causa podría alcanzar al propio Presidente. Según su interpretación, el expediente debería analizar si existió una utilización política de partidas que tenían otro destino.
“Es importante resaltar esto”, sostuvo, al referirse al juzgado que quedó a cargo de la denuncia. Luego agregó: “y yo apuesto a una condena” al presidente Milei por las mismas maniobras.
La denuncia y los fondos para las rutas
Pagano ubicó el inicio del problema poco después de la llegada de Milei al Gobierno. Según explicó, durante los primeros meses de la gestión los fondos viales permanecieron congelados.
La diputada marcó un cambio en la distribución de esos recursos durante las discusiones parlamentarias de 2024. Su denuncia plantea que el Gobierno comenzó a liberar partidas cuando necesitó votos para sus principales iniciativas.
“Hasta que lo necesitaron políticamente, cuando entra la discusión de la Ley Bases. La segunda, después del primer verano. Cuando los votos se le ponen complicados en el recinto del senado, que logran ese empate y desempata la vicepresidenta”, afirmó.
Pagano aseguró que detectó un patrón en torno a las votaciones. Según su presentación, el envío de fondos llegó a multiplicarse hasta un 300% durante determinados períodos.
“Tres días antes y posteriores a las votaciones, tanto en Diputados como en el Senado, cuando el Gobierno necesitaba el apoyo de gobernadores liberaba esos fondos”, denunció.
La legisladora también cuestionó que esos recursos no se distribuyeran de forma uniforme entre las provincias. Su hipótesis apunta a una relación entre la asignación de fondos y el comportamiento de los legisladores frente a los proyectos impulsados por la Casa Rosada.
“Cuando se establecen las negociaciones por los votos. Y no para todas las provincias, sino únicamente para los que levantan la mano en positivo para las iniciativas de Milei”, afirmó.
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Un fallo judicial golpeó a Vialidad
Mientras la denuncia de Pagano quedó bajo análisis judicial, otro expediente expuso la situación de las rutas nacionales. El juez federal de Venado Tuerto, Aurelio Antonio Cuello Murúa, hizo lugar a un amparo presentado por la senadora provincial santafesina Leticia Di Gregorio y ordenó al Estado nacional reparar las rutas nacionales 7, 8 y 33 en el departamento General López.
El magistrado cuestionó la falta prolongada de conservación de esos corredores y consideró que existió una omisión estatal “con arbitrariedad o ilegalidad manifiestas”.
El fallo representa un nuevo revés para Vialidad Nacional, que ya había recibido una orden judicial previa. En marzo de 2025, Di Gregorio consiguió una medida cautelar que obligó al organismo a señalizar los sectores deteriorados, establecer desvíos cuando fueran necesarios y ejecutar tareas de bacheo o relleno.
La Cámara Federal de Rosario confirmó aquella decisión. Sin embargo, el cumplimiento fue parcial. En marzo de 2026, Vialidad reconoció que las tareas sobre la Ruta 33 todavía no habían comenzado otra vez. El organismo atribuyó la demora a cuestiones presupuestarias y administrativas.
El Gobierno delegó rutas a las provincias
El deterioro de la infraestructura vial también aparece en una nueva política del Gobierno nacional: la transferencia de la administración de rutas a las provincias.
En julio, la Nación acordó con Santa Fe que la provincia tendrá a su cargo durante 20 años la administración, el mantenimiento y la ejecución de obras sobre la Ruta Nacional A012.
El corredor rodea el área metropolitana de Rosario y tiene un peso central para el transporte de cargas hacia el complejo portuario del Gran Rosario. Por allí circula buena parte de la producción agroexportadora del país.
Días después, la Nación firmó otro acuerdo con San Juan. El convenio delegó en esa provincia la conservación, el mantenimiento y la ejecución de obras en distintos tramos de las rutas nacionales 40, 20, 153, 150 y 149, además de trabajos en el nudo vial de las rutas 40 y A014.
Ambos convenios establecieron un plazo de 20 años. Las rutas conservarán su carácter nacional y las obras que ejecuten las provincias quedarán luego bajo el patrimonio de Vialidad Nacional.
Así, mientras Pagano busca que la Justicia determine si los fondos viales se utilizaron con fines políticos, otro expediente judicial puso el foco sobre el resultado concreto de la política de mantenimiento de las rutas. El fallo contra Vialidad suma presión sobre el Gobierno en medio de la discusión por el destino y la administración de los recursos destinados a la red vial nacional.
