El Gobierno consolidó su vínculo con los principales grupos económicos en medio del debate por la reforma laboral y del deterioro de la actividad. La reunión entre el vocero presidencial Manuel Adorni y el denominado Grupo de los 6 reflejó un respaldo explícito al rumbo económico de Javier Milei y a los cambios que impulsa el Ejecutivo.

El apoyo empresario quedó sintetizado en las declaraciones del presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Mario Grinman, quien defendió los costos del programa económico. El dirigente sostuvo que el ajuste implicará consecuencias negativas para parte del sector privado, pero aseguró que ese escenario forma parte del proceso de cambio.

“Algunos vamos a quedar en el camino, pero ese es el precio que hay que pagar”, afirmó Grinman tras el encuentro con funcionarios nacionales. La reunión reunió a representantes de la banca, la industria, el agro, el comercio y la construcción, quienes analizaron la situación económica y los proyectos en discusión en el Congreso.

El dirigente insistió en que el escenario resultó complejo para las empresas, aunque reiteró su apoyo al rumbo oficial. “No es fácil, no se está atravesando un momento fácil, con señales interesantes en el crecimiento económico, pero también hay otras cuestiones un poquito duras para los distintos sectores, pero entendiendo que este es el camino y que estamos dispuestos a apoyarlo con todo el sacrificio que se necesita para salir adelante”, señaló.

En ese sentido, rechazó soluciones parciales para los distintos sectores productivos. También subrayó que el sector privado coincidió en la necesidad de reducir la presión impositiva y avanzar con reformas estructurales.

El titular de la CAC describió los reclamos empresariales vinculados al tipo de cambio y a la carga tributaria. “El sector exportador siempre quiere un dólar recontra alto, y el sector importador quiere un dólar más bajo. Esa es una realidad”, explicó al referirse a las tensiones dentro del propio mundo empresario.

Sobre el esquema tributario, remarcó las limitaciones que enfrenta el Gobierno para reducir impuestos. “Todavía hay una carga tributaria muy alta en la Argentina, que eso no es fácil bajar, porque el Gobierno tiene límites para bajar el gasto público”, afirmó. También advirtió: “El ochenta por ciento del gasto público son cuestiones sociales, jubilados, seguridad, salud, educación, que eso ya no se puede tocar más”.

El respaldo empresario coincidió con un contexto económico adverso para distintos sectores. Varias compañías anunciaron despidos y cierres de plantas en los últimos meses, en un escenario marcado por la caída del consumo y la apertura comercial. Entre los casos más resonantes figuró el cierre de una planta de Fate con cerca de mil trabajadores afectados, además de recortes de personal en la industria de bebidas.

Grinman reconoció dificultades para medir el impacto real sobre el empleo. “No existen cifras exactas, porque ni siquiera los organismos lo pueden tener, porque muchas empresas cierran, no avisan que cierran, porque son chiquitas, atendidas por sus propios dueños. No hay despido de personal”, señaló.

El dirigente sostuvo que el comercio no registró una caída neta del empleo. “Nosotros, el sector comercio, que sí medimos, entre las altas y bajas de personal, no hay caída, eso se mantiene estable, pero seguramente hay sectores que cierran”, afirmó.

También diferenció la situación del comercio respecto de otras actividades. “En la industria pueda haber, en la construcción también, que está mucho más afectada por la falta de obra pública, pero en el sector comercio, no, nosotros lo medimos y eso no se ve”, sostuvo.

Sin embargo, los indicadores oficiales reflejaron un escenario más crítico en la industria. Más de la mitad de las empresas manufactureras señalaron que no pudieron aumentar su producción por la debilidad de la demanda interna, lo que mostró el impacto de la caída del consumo sobre el aparato productivo.

El respaldo del establishment al programa económico se produjo en la antesala del tratamiento de la reforma laboral en el Senado. El proyecto sumó así un apoyo clave del sector empresario en un contexto de fuerte tensión social y económica.