El oficialismo apeló la medida cautelar que suspendió las elecciones y cuestionó el proceso judicial. Andrés Ibarra, el candidato opositor, había denunciado antes del encuentro frente a Estudiantes de La Plata por la semifinal de la Copa Argentina, «irregularidades» y «anomalías» en el padrón de socios cuando se realizó una «acción judicial» en la oficina de socios.

En la presentación del apoderado Xeneize, los abogados expresaron su descontento con la jueza por no haber tenido en cuenta antecedentes de planteos similares previamente resueltos por la Inspección General de Justicia y la Cámara Civil. Además, critican la falta de denuncias por parte de instituciones u organizaciones del club respecto a violaciones estatutarias similares en la gestión anterior.

En la recusación, los abogados también señalaron que la jueza no consideró los derechos de los socios activos que el Ibarra busca impugnar. En la presentación, denunciaron que la decisión de la jueza fue un «atropello» y acusan que fundamentó las supuestas irregularidades en declaraciones de testigos que nunca fueron incorporadas al expediente y de las que no tuvieron acceso.

A partir de esto, la jueza realizó un descargo en el que dejó en claro que no actuó con la parcialidad de la cual se la acusa y, además, habló de «violencia moral» del lado de Boca ante estas afirmaciones.

¿Qué sucedió entonces? El caso se sorteó para el Juzgado Civil número 64 a cargo interinamente de Romero mientras la Cámara define si da lugar a la recusación pedida por los representantes legales del oficialismo de Boca. Si acepta la recusación, la causa por las elecciones en el Xeneize quedará a cargo de la nueva jueza mencionada; si lo declina, que en principio sería lo más probable, Abrevaya seguirá al frente.

Luego de la masiva movilización a favor de Juan Román Riquelme, habrá que ver si las elecciones pueden realizarse el 17 de diciembre, la única fecha disponible antes del 2024. El domingo 10 se llevará a cabo la asunción del nuevo presidente de la Nación electo, Javier Milei, y los últimos dos están marcados por la celebración de la Noche Buena y la Navidad, y por los festejos del Año Nuevo.

En el caso de que no vaya a ocurrir, las elecciones tendrán que pasar para el 2024, con fecha a definir por la justicia. Es importante señalar que el estatuto de Boca indica que debe notificar con un mes de anterioridad el día en el que se realizará el sufragio, con lo cual, el panorama parece complicado para que los comicios se celebren en este 2023.

Según consta en la medida cautelar dictada por la jueza, 13.364 socios adherentes pasaron a activos entre los meses de agosto y noviembre del 2021, justo antes de que cerrara el padrón para las elecciones del 2023, y sin respetar siquiera un orden de prioridad. ¿Qué planteó el oficialismo? En primer término, que el artículo 6 del Estatuto del club le concede a la Comisión Directiva de turno “fijar periódicamente las políticas de ingreso de socios y los cupos conforme la capacidad del estadio y las altas y las bajas que se produzcan”.

Además, si bien el artículo 19 establece que, “conforme su antigüedad”, los socios adherentes “tendrán prioridad para pasar a las demás categorías”, el reglamento no especifica el procedimiento mediante el cual un adherente puede convertirse en activo. Es decir: que adquiera su derecho a votar. Aun así, la dirigencia actual considera exagerada la cifra de 13.364 socios que, según el peritaje realizado el jueves de la semana anterior en el club, pasaron a la categoría de activos por fuera de los canales institucionales. Para el oficialismo, no son más de 3.600. Diez mil menos que la cifra que maneja la Justicia y también la oposición.

De todos modos, los letrados xeneizes propusieron ante la jueza Abrevaya que esos 3.600 socios “observados” sufraguen este domingo en una mesa designada para tal fin y que sea la Justicia la que defina más adelante si esos votos cuentan como válidos. Del lado de Andrés Ibarra y Mauricio Macri rechazaron ese pedido e insistieron en la idea de apartar del padrón a los 13.364 que habrían pasado a activos de manera irregular.