Cabe entonces preguntar qué es lo que ha desatado la furia de nuestra máxima autoridad institucional, llegando a lo que considero un descontrol sobre sus propias atribuciones y responsabilidades.
Cargó la señora de manera directa sobre la Justicia, acusando a los camaristas que habían resuelto contra su decreto de anulación (¿confiscación?) del predio de la Sociedad Rural. Su enojo incluye, por supuesto, el mantenimiento de la cautelar en beneficio del Grupo Clarín sobre los cuestionados artículos de la Ley de Medios.
Es la propia Constitución Nacional la que establece una serie de equilibrios para el funcionamiento del Estado Democrático de Derecho y las instituciones republicanas. El primero de ellos es la división de los poderes, que hace especial énfasis en la independencia del Poder Judicial, sobre el que no puede admitirse injerencia alguna proveniente de ninguno de los otros. Porque justamente es éste el que reviste, no sólo el carácter de instancia para la acción individual y colectiva de defensa y garantía de los derechos de las personas, sino que también tiene asignado el control sobre aquellos otros (Ejecutivo y Legislativo) cuyas acciones y decisiones deben pasar siempre por el test de constitucionalidad que está exclusivamente en manos de la Justicia. No somos nosotros, políticos ni ciudadanos comunes, no lo es ninguna otra autoridad pública, la que tendrá la aptitud para reconocer en una ley o en un decreto si esa norma viola los principios de la Constitución. Es solo el Poder Judicial el que tiene de manera exclusiva esa potestad de así decirlo.
Por eso es que aparece tan reñido con el funcionamiento del Estado de Derecho ese decreto que declara la nulidad de una venta, autoasumiendo atribuciones que no le corresponden; o aquellos artículos de la ley de la que se pretende una aplicación retroactiva. Y sobre ellos es que no hablan ahora “los opositores”, ni “los grupos económicos” afectados. Esta vez la que habla es la Justicia, en su carácter de revisora natural y legítima de los actos de los otros poderes del Estado.
El otro equilibrio que define la Constitución es el sistema federal, ese mecanismo de asignación de competencias entre la Nación y las provincias, sobre lo que a cada cual corresponde en materia de facultades y obligaciones, que debe, por supuesto, contar con la asignación suficiente de los recursos para su cumplimiento. Esto ha quedado casi como una parte de la letra muerta de nuestra Carta Magna frente a un Gobierno que centraliza casi al punto del unitarismo y que reparte con criterios discrecionales y usa ese reparto como paga de apoyos o herramienta de castigo. Mucho podríamos ampliar sobre este punto, pero lo dejaremos ahora para otra oportunidad, para volver al punto de la Justicia.
El ministro del área, que termina su año con el papelón-escándalo de un festejo en la ex ESMA, ha venido trastabillando durante todo el año. Su gestión sobre la UIF (Unidad de Información Financiera) para la prevención y represión del lavado de dinero ha sido tan ineficiente que Argentina sigue en las listas grises/negras del mundo. Fue el encargado de ejercer las presiones y descalificaciones más explícitas sobre los magistrados judiciales por mandato directo de la Sra. Presidenta. Y bajo su área se han perdido los expedientes judiciales con elementos probatorios para la causa en la que se investiga por varios delitos (bastante comprobados) al vicepresidente de la Nación en la causa Ciccone-Vandenbroele-The Old Fund.
Por estas razones es que ya veníamos advirtiendo cuál es la concepción sobre la que la Señora define a través de sus funcionarios (o de su Twitter) su relación con la Justicia. Y ahí es adonde hemos ido a buscar la respuesta o el verdadero significado de sus ataques al funcionamiento de este otro poder del Estado o de sus magistrados. Sin duda, los ataques, y el accionar general que caracteriza este gobierno, tienen que ver con las veleidades monárquicas de la Presidenta, jefa de un Gobierno que maneja de forma centralizada, sin una sola reunión de gabinete, sin acceso a la información pública, con criterios claros del uso y abuso del dinero para cooptar, disciplinar o castigar. Mayor comodidad sería gobernar bajo un sistema que pudiera manejarse absolutamente a través de este poder personal, único y central. Mejor sería prescindir de las instituciones republicanas y nunca tener que rendir cuentas. En una parte la adhesión a esa forma monárquica de ejercicio del poder explica algunas cosas. El resto queda explicado con un patrimonio que demuestra la acumulación de lujos y riquezas, también propio de una realeza que, sin duda, es el espejo adonde gustaría mirarse.
Bella la épica de la Cristina Capitana comandando el regreso de la Fragata. Pero eso es poco. Para ella nunca menos que el trono y la corona.
