La incorporación del acuerdo al debate de la reforma laboral abrió una fuerte polémica. El punto más crítico radicó en el impacto directo sobre el empleo público que se perderá.
La decisión de transferir la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires generó una alarma concreta dentro del Estado nacional. El dato que encendió el conflicto no fue solo institucional. El eje pasó por el empleo: 1.200 trabajadores y trabajadoras quedarían fuera de sus cargos si el traspaso avanza en los términos planteados.
El acuerdo ingresó al Senado el 10 de febrero, firmado por el vocero presidencial y el ministro de Justicia porteño. En pocas horas se incorporó al tratamiento de la reforma laboral. Esa dinámica acelerada dejó sin certezas al personal del fuero.
La transferencia implicará que la Ciudad asuma la competencia en materia laboral. Sin embargo, no existe una garantía explícita de absorción de la planta actual. En ese escenario, 1.200 empleos estatales desaparecerían como consecuencia directa del cambio de jurisdicción.
La exdiputada Miriam Bregman puso el foco en ese punto. A través de sus redes sociales advirtió que la medida “implica 1.200 despidos en el Estado y una transferencia millonaria de recursos en favor de Jorge Macri”. La referencia apuntó al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.
OTRA TRAMPA DE ÚLTIMO MOMENTO
El 10 de febrero ingresó al Senado el acuerdo de transferencia de la Justicia Nacional del Trabajo a la Ciudad de Buenos Aires, firmado por Adorni y el ministro de Justicia porteño.
En cuestión de horas lo incorporaron como parte de la reforma…
— Myriam Bregman (@myriambregman) February 17, 2026
El fuero laboral nacional cuenta con juzgados, cámaras y áreas administrativas que sostienen miles de expedientes por año. La estructura incluye personal con años de antigüedad y funciones específicas. La eventual reducción afectará tanto a empleados de planta como a contratados.
Además del impacto individual, la medida tendrá consecuencias presupuestarias. La transferencia de recursos hacia la administración porteña acompañará el cambio de competencia. No obstante, el personal que hoy integra el fuero no tiene asegurada continuidad bajo la nueva órbita.
El trasfondo político de la reforma no diluye el efecto social inmediato: 1.200 familias dependen de esos ingresos. La cifra transformó una discusión técnica en un conflicto laboral de gran escala.
Mientras el Senado debate la reforma laboral y el acuerdo de traspaso, el foco quedó puesto en la incertidumbre de esos trabajadores. La redefinición del mapa judicial avanzó, pero el costo más visible se midió en puestos de trabajo que podrían desaparecer del Estado nacional.
