En medio de la cuenta regresiva para que el Congreso discuta la reforma laboral, un acuerdo político y judicial empezó a mover el tablero por fuera del recinto. El convenio firmado entre el gobierno de Javier Milei y la administración de Jorge Macri para trasladar la Justicia Nacional del Trabajo al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires abre una etapa de transición institucional que podría modificar, con el tiempo, el modo en que se interpreta y se aplica el derecho laboral en la Argentina.

Durante los últimos meses, funcionarios porteños y representantes del Ejecutivo nacional avanzaron en negociaciones de bajo perfil que terminaron de sellar el traspaso, al menos de manera parcial, hacia la órbita metropolitana.

La medida fue celebrada por el macrismo, que la presentó como un paso clave en el fortalecimiento institucional de la Ciudad. “Se trata de un nuevo hito en la autonomía de la Ciudad”, sostuvo el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, quien encabezó las conversaciones y aseguró que el convenio permitirá “un servicio de justicia propio, ágil y moderno que permitirá a los ciudadanos resolver sus conflictos individuales con mayor celeridad y previsibilidad”.

Detrás del anuncio aparece un proceso largamente demorado: la transferencia de competencias prevista en la Constitución porteña de 1996. Se trata de un cambio que exige reformas normativas complejas y que, durante años, chocó con la resistencia histórica de la Justicia nacional. Pero el trasfondo también incluye un viejo reclamo de estudios jurídicos ligados al sector empresario, que siempre cuestionaron al fuero laboral nacional por considerarlo alineado con intereses sindicales. Con el traslado de demandas individuales al ámbito local, parte de ese objetivo comienza a concretarse.

Los movimientos de Jorge Macri

La gestión porteña venía dando señales en esa dirección. En febrero de 2025, el Consejo de la Magistratura anunció la apertura de concursos para cubrir cargos en diez juzgados de primera instancia, dos fiscalías, dos defensorías oficiales y una Cámara de Apelaciones con dos salas integradas por tres jueces cada una.

Ahora, con un período de transición de 180 días fijado en el decreto presidencial, la incógnita se centra en cómo se articulará el traspaso de juzgados nacionales con el despliegue del nuevo fuero local. También se espera cuál será la reacción de trabajadores y magistrados de los 80 juzgados laborales nacionales, que históricamente resistieron cualquier intento de traslado.

En el plano político, la medida aparece asociada a un entendimiento entre macristas y libertarios para avanzar sobre la Justicia del Trabajo. En ambos espacios se repite el diagnóstico de que el fuero laboral es la usina de la llamada “industria del juicio laboral”, que —según esa mirada— funciona como un freno a la creación de empleo formal.

El anuncio, además, se inscribe en la estrategia del oficialismo de impulsar esta semana el tratamiento de la reforma laboral en el Congreso. En el gobierno porteño aspiran a que el traspaso de la Justicia del Trabajo se discuta dentro de ese mismo paquete, aunque todavía no hay confirmación formal. De todos modos, la posibilidad cobró fuerza tras el envío acelerado del proyecto al Senado.

Alcances del traspaso de la justicia laboral

La transferencia promete reordenar el mapa de la litigiosidad, impactar sobre equilibrios sindicales y abrir interrogantes sobre indemnizaciones, doctrina judicial y costos laborales.

Según el convenio, todas las demandas individuales iniciadas luego de su entrada en vigencia deberán tramitar en la Justicia laboral porteña. El universo incluye conflictos por despidos, diferencias salariales, registración deficiente, accidentes laborales bajo régimen civil y ejecuciones de créditos laborales.

Quedan fuera del alcance los conflictos colectivos, las negociaciones paritarias, las cuestiones sindicales, las causas en las que intervenga el Estado Nacional y los litigios derivados de actos administrativos laborales federales. También se mantendrán bajo jurisdicción nacional los expedientes individuales que ya estén en curso.

Sin embargo, la redacción del acuerdo deja una ventana abierta: habilita la posibilidad de que las demandas colectivas terminen siendo absorbidas por el fuero Contencioso Administrativo local. De avanzar ese camino, el escenario podría derivar en una eliminación completa del fuero nacional.

Un cambio inmediato

En paralelo, la puesta en marcha del convenio tendrá un efecto directo sobre la estructura actual de los tribunales laborales. El texto prevé una reducción inmediata en el número de juzgados vacantes.

En particular, la cláusula novena ordena el cierre de 30 de los 80 juzgados nacionales que hoy no cuentan con magistrados designados y detalla el listado de tribunales alcanzados por esa decisión.

Además, dispone el cierre de la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que se encuentra vacante, lo que reducirá a nueve la cantidad de salas en esa instancia. En ese punto, queda abierta la incógnita sobre cómo se reorganizarán los expedientes y el impacto que tendrá el recorte en la dinámica de apelaciones.