El Tesoro colocó esta semana el Bonar 2029N por 1000 millones de dólares, con una tasa del 9,26%. La operación se interpretó como un intento de reconectar con el financiamiento en moneda dura, aunque las señales no despejaron los interrogantes centrales del mercado.

Gustavo Araujo, de Criteria, destacó que “una parte sustancial de la demanda fue inducida por recientes modificaciones regulatorias”, lo que, según su lectura, dio impulso al instrumento. Señaló que el Gobierno enfrentó un reto mayor: “el punto pendiente ahora es saber cómo planea obtener los más de USD 3.000 millones restantes para cubrir los vencimientos de deuda de enero”. Aun así, valoró el movimiento porque “constituye un avance relevante hacia la normalización del financiamiento del Tesoro”.

Desde UADE, el economista Pablo Salina observó una mejora en el entorno financiero tras el ciclo electoral. Explicó que noviembre mostró calma cambiaria, recomposición de expectativas y una actividad más firme en el mercado de deuda privada. Resaltó que “noviembre combinó calma cambiaria, recomposición de expectativas y una dinámica muy activa en los mercados de deuda privada”.

El último análisis del Instituto de Economía de UADE agregó un dato significativo: la confianza en el Gobierno subió 18% mensual y revirtió la tendencia negativa que siguió a las elecciones. El informe remarcó además que el EMAE anotó un avance del 0,5% en septiembre y acumuló una suba del 5,2% interanual.

La desaceleración de precios reforzó ese clima. La inflación de octubre cerró en 2,4%, con expectativas que apuntaron a un ritmo cercano al 2% mensual. En paralelo, el crédito corporativo mostró un salto notable: las empresas emitieron 4.000 millones de dólares en Obligaciones Negociables, cifra que marcó el mayor volumen en una década. A ese monto se sumaron los 600 millones del Gobierno porteño.

El reporte del INECO subrayó la magnitud del cambio y alertó sobre las fragilidades pendientes. Sostuvo que “noviembre reflejó un cambio de clima financiero”, pero insistió en que persistieron dudas sobre la inflación, el frente fiscal y la reconstrucción de reservas.

En el mercado, la atención giró hacia tres variables críticas: liquidez inmediata, riesgo país y nivel de reservas. Emilio Botto, de Mills Capital Group, sintetizó el humor actual al indicar que “la mitad de diciembre llega con la licitación del día 11 como test inmediato de liquidez”, aunque remarcó que la sostenibilidad dependió de las otras dos métricas. A su juicio, el Gobierno se acercó a un examen más complejo: el 9 de enero, cuando necesitará captar USD 2.633 millones para cubrir cupones de los bonos AL29, AL30, GD29 y GD30.

Botto explicó que la estrategia oficial apuntó a evitar mayores tensiones cambiarias. Indicó que “la estrategia fue colocar un bono bajo ley local a una tasa inferior a la vigente en el mercado para mejorar las condiciones de refinanciamiento y evitar compras de dólares por parte del Tesoro”.

La tasa por debajo del 10% habilitó dos escenarios. En uno, el nuevo bono quedó alineado con la curva Hard Dollar y convergió nuevamente al 10%, lo que generaría pérdidas a quienes participaron de la emisión. En el otro, una señal legislativa positiva podría provocar una baja del riesgo país y ajustar toda la curva hacia niveles del 9%.

Botto mencionó un último factor externo que podría inclinar la balanza. “Una baja de tasas internacionales mejora la perspectiva para la deuda de cualquier mercado emergente”, afirmó. Aseguró que, para Argentina, ese movimiento resultaría aún más determinante porque el país intentó recuperar el acceso al mercado internacional y necesitó condiciones más benignas para sostener ese proceso.

En conjunto, el nuevo Bonar dejó una lectura general: el Gobierno obtuvo oxígeno financiero, aunque el verdadero desafío se concentró en los compromisos que llegarán en enero y en la capacidad oficial para evitar un repunte en las tensiones cambiarias.