El proyecto de Reforma Judicial fue aprobado pasado la medianoche en la Cámara de Senadores con 40 votos a favor y 26 en contra. La sesión había comenzado a primera hora de la tarde. Sin embargo, según los discursos de la bancada oficialista, en algunos legisladores quedó gusto a poco. La presidenta del Senado Cristina Fernández de Kirchner había expresado en sus redes sociales que esta no sería la “verdadera reforma judicial que necesita el país”.

Las modificaciones fueron leías, por casi 20 minutos, por la senadora del Frente de Todos María de los Ángeles Sacnun, e incluyen cámaras de apelaciones en La Pampa y La Matanza; juzgados, fiscalías y defensorías en Santa Fe, Salta, Jujuy y Mendoza, entre otros.

Formaron parte de la negociación los gobernadores y el Poder Ejecutivo, que ya había obligado a agregar tribunales en casi todas las provincias y siguió hasta minutos antes de empezar la sesión. La sorpresa fue que Oscar Parrilli pidió además anular a los grupos mediáticos como elementos de presión en los Tribunales, aun cuando unas horas antes Sacnun había justificado su incorporación. Era uno de los puntos más polémicos y que más repercusiones había generado en el debate mediático.

Parrilli propuso sacar el término «poderes mediáticos» y cambiarlo por «amistades o grupos de presión de cualquier índole». En la banca, expresó: “El Presidente dijo la verdad, que el agregado era sobreabundante, pero el objetivo que tuvimos sirvió porque salieron todos: los grupos mediáticos y los políticos que son voceros de ellos”. En esa línea justificó que «es para sacar los fantasmas y porque el objetivo se cumplió: se tragaron el anzuelo, la línea, la caña, todo”

La sesión había comenzado con un cruce entre Cristina y el Senador Esteban Bullrich. Ya habían tenido roces en sesiones anteriores. Esta vez la vicepresidenta bromeó “¿dónde está Bullrich que no lo veo?”, en referencia a un episodio vinculado a su presencia virtual en el encuentro anterior. Se saludaron, pero el dirigente del PRO parece haber ganado el duelo cuando en el cierre Fernández de Kirchner le dijo “estoy mejor que nunca”, y remató: “Me alegro, pero los argentinos no tanto”.

Fueron siete horas de debate y acusaciones cruzadas entre el oficialismo y Cambiemos. «Políticos que ponen cartulinas para hacer que están presentes en la sesión y otros que leen y no estudian nada. Dicen del peronismo que mantenemos vagos y planeros, pero creo que en las bancas de este Congreso hay muchos vagos que estamos manteniendo», los atacó Anabel Fernández Sasgati

Les reprochó además a Cambiemos haber promovido una manifestación en contra de la reforma, que se sintió poco y nada: sólo un puñado de personas rotaron frente al Palacio, con banderas y algún bombo. No llegaron a cubrir una calle en todo el día y muchos se identificaban como libertarios, cercanos al economista Javier Milei.

«Quisiera creer que no quiso tratar de vagos e ignorantes, una descalificación que no amerita. Cada uno hace el mayor esfuerzo para tratar de que el Senado esté a la altura de las circunstancias y la cuarentena», se lamentó el radical Luis Naidenoff, en su discurso de cierre.

En definitiva, el proyecto dice que se fusionan los tribunales criminales y correccionales con los penales económicos, se suman 23 juzgados hasta alcanzar 46, encargados de investigar las causas por corrupción. Tendrán 17 tribunales orales: los doce existentes de ambos fueros y otros cinco que crea la ley. Las causas seguirán en sus jueces naturales pero en la oposición creen que podrán manipular las incómodas para el Gobierno cuando escale a instancias superiores.

Casi ni se habló en la sesión del traspaso se la justicia penal ordinaria a la Ciudad de Buenos Aires, una deuda de la autonomía creada en la Constitución de 1994. La transición deberá durar 3 años.

En las comisiones, los senadores del oficialismo eliminaron la fusión de los fueros civiles, comerciales con el Contencioso administrativo, como proponía el proyecto original. Se creó a cambio un Tribunal de resolución de conflictos de competencia entre esas oficinas.

Uno los capítulos más polémicos, y tal vez uno de los primeros en judicializarse, es el sistema especial de subrogancias que habrá para cubrir por un año los nuevos juzgados. En el dictamen se reincorporó el examen escrito a los postulantes (el proyecto no lo tenía) y uno de los cambios de este jueves fue que para pasar las siguientes instancias deberá haberse obtenido un 60% de calificación en esa prueba.

«Es increíble que los que avalaron que hayan ingresado jueces sin el acuerdo del Senado levanten las voz por las subrogancias», increpó a Cambiemos Sacnun, en su discurso inicial. Se refería a la pelea que viene en siete días por la revisión de traslados de 10 magistrados.

«El proyecto original creaba 279 cargos, pero después en el despacho que firmó el oficialismo se establece que serán creados 908 cargos. Apareció milagrosamente este festival de cargos, que seguramente han estado negociando con aquellos que esperan voten a favor el proyecto en la Cámara de Diputados», se molestó la cordobesa Rodríguez Machado. Hasta la sesión, calculaba la inversión del proyecto en 6000 millones, que debería multiplicar con los retoques finales. En el Gobierno remarcan que en tal caso la justicia federal genera un ahorro al detectar acciones de lavado de dinero, entre otros delitos; y que las oficinas se abrirán en forma gradual.

Se incorporaron muchos juzgados en Santa Fe (en ciudades como Reconquista, Rafaela y San Lorenzo); y en ciudades bonaerenses como La Matanza (Laferrere) o Tigre; y otros tantos en Mendoza, Jujuy y Salta. Se agregó en casi todos esos distritos nuevas fiscalías, que tendrán a cargo la investigación cuando se implemente el sistema acusatorio, que por ahora se lleva a cabo en forma gradual con primeras etapas en Salta y Jujuy. Hubo que aclarar que los juzgados nuevos son de Garantías, por lo cual, se entiende, empezarían a funcionar en la nueva etapa.

El jefe del oficialismo José Mayans se molestó por las críticas al gasto. «La justicia es el 1% del presupuesto del país. Si queremos república y democracia no podemos dejar de invertir en la Justicia, estamos luchando contra flagelos que destruyen al Estado. El 0,2% del presupuesto no es mucho dinero para luchar contra el narcotráfico, la trata de personas y el secuestro extorsivo».

LO QUE VIENE EN DIPUTADOS

El próximo paso se dará en Diputados, donde la dinámica parece más compleja. Juntos por el Cambio no va a acompañar el proyecto tal como se aprobó anoche. Tampoco lo hará el interbloque Federal, que conduce Eduardo “Bali” Bucca y que cuenta con el padrinazgo de Roberto Lavagna y el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti. En el interbloque que lidera el mendocino José Luis Ramón hay dos legisladores que tienen decidido no acompañar. En la Izquierda, Romina Del Plá y Nicolás Del Caño adelantaron que tampoco respaldarán el proyecto. Con ese cuadro de situación los números se complicaron.

En la Cámara baja los números son más ajustados y el oficialismo tiene que negociar hasta el quórum. Son 119 legisladores. Pero uno de ellos, José Ignacio De Mendiguren, está de licencia porque es parte del directorio del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE). En caso de ser necesario le pedirían que vuelva. Sería una jugada desprolija. Pero una última opción a tener en cuenta si se deciden avanzar con el tratamiento de la ley y los votos no están.

Se necesitan 129 para sesionar. En general, lo suelen hacer con el acompañamiento del interbloque Unidad Federal, en el que hay 8 legisladores, los dos de la Izquierda, el interbloque donde conviven cordobeses, socialistas, lavagnistas y peronistas disidentes, que en total suman 11 bancas, y algunos mono bloque. Pero en esta oportunidad la situación será diferente.

Pero si se convoca el quórum, las manos tampoco alcanzan para hacer la aprobación del texto que llega desde el Senado. Por lo tanto se presupone que deberán haber modificaciones en la Ley consensuadas con otros bloques más pequeños.

En Juntos por el Cambio la posición es muy rígida. Ninguno de los 116 legisladores va a dar quórum ni a acompañar el proyecto.

El discurso que bajan en el oficialismo dentro de Diputados es que no quieren apurar el tratamiento del proyecto. Que debe debatirse con tranquilidad en las comisiones y que se debe trabajar en los acuerdos parlamentarios. Una señal de que piensan llevar adelante la rosca legislativa de una forma diferente a la que tiene el Senado, donde no hay negociación y el vínculo entre las partes es friccionado.