El Senado bonaerense volvió a reunirse luego de un largo parate y esquivó la polémica por el caso de Julio “Chocolate” Rigau. El escándalo con epicentro en la Cámara de Diputados tiene en vilo a toda la Legislatura, pero los senadores omitieron cualquier referencia al tema y desarrollaron una sesión prácticamente despejada de controversias.

La idea de eludir cualquier escenario de confrontación hizo incluso que Juntos por el Cambio desistiera de meter en debate el reclamo que vienen haciendo los intendentes de la coalición al gobernador Axel Kicillof. Los alcaldes reclaman abultadas deudas a la Provincia y se especulaba con que la oposición buscaría darle sustento legislativo a ese planteo. Pero finalmente eso tampoco sucedió.

La sesión se convocó rodeada del escándalo judicial y político generado a partir de la detención del puntero del PJ platense en los cajeros automáticos de 7 y 54, mientras extraía dinero de empleados de la Cámara de Diputados. En su poder se encontraron 48 tarjetas de débito y una bolsa con una importante suma de dinero.

A los pocos días y en un fallo no menos polémico que el propio caso, una sala de la Cámara de Apelaciones de La Plata dio por tierra con la causa que llevaban adelante el juez Federico Atencio y la fiscal Betina Lacki, y ordenó la liberación de “Chocolate” Rigau.

Esa decisión judicial no hizo más que agrandar el escándalo, porque los camaristas Alejandro Villordo y Juan Benavídez, que terminaron beneficiando a Rigau, fueron denunciados. Además, se pidió que se les inicie un proceso de juzgamiento para destituirlos. Ambas medidas fueron impulsadas por el diputado Ricardo López Murphy (Juntos por el Cambio), además de los dirigentes del PRO María Eugenia Tallerico y Javier Iguacel.

En ese marco, se aguarda la apelación del fiscal general de La Plata Héctor Vogliolo a la decisión de la Cámara, por lo que la causa se terminaría ventilando en Casación.

En las últimas horas se conoció además que entre los titulares de las tarjetas de débito en poder de Rigau, se encontraban algunos de sus hijos y otros parientes.

En ese contexto, el Senado volvió a sesionar luego de un largo paréntesis al que sí hizo referencia un senador del propio oficialismo. Francisco Durañona, en medio del debate por la creación de una bicameral por el tema de la explotación de hidrocarburos frente a la Costa bonaerense, lanzó: “Esperemos volver a reunirnos antes de fin de año”.

Ese momento y la decisión de dos senadoras de Juntos por el Cambio (Petrochi y Ahumada) de no sumarse a un homenaje a la fallecida dirigente de La Matanza Juana “Pocha” Medina, que fuera esposa del intendente Federico Russo, fueron los puntos más álgidos de la sesión. El caso “Chocolate”, como se dijo, fue pasado por alto.

En la sesión se aprobó la adhesión de la Provincia a la Ley Lucio, que establece la obligatoriedad de capacitación sobre derechos de niños, niñas y adolescentes. La iniciativa del Ejecutivo unificó los proyectos de los senadores Lorena Mandagaran (JxC) y de Alfredo Fisher (UP).

También se aprobó un proyecto que establece la enseñanza de la Educación Económico-Financiera Integral como contenido a ser abordado de manera transversal en todos los niveles obligatorios, modalidades del sistema educativo público y en el nivel superior de formación docente, tanto para instituciones de gestión estatal como de gestión privada, dependientes de la Provincia. El proyecto fue impulsado por la senadora Ahumada.

Y finalmente, otra iniciativa firmada por Lorena Petrovich que establece con carácter obligatorio y permanente en los contenidos de estudios para el ingreso en las Policías de la Provincia y en las capacitaciones propias del personal policial, la formación en Lengua de señas y en el uso de aplicaciones y recursos comunicacionales idóneos para el contacto con personas discapacitadas.

Fuente: InfoConurbano