La acción judicial cuestiona la constitucionalidad de la norma y deja abierta la posibilidad de acudir a la Corte Suprema mediante el mecanismo del per saltum.
Un grupo de abogados, dirigentes y exfuncionarios ligados al radicalismo presentó este miércoles un recurso de amparo contra el DNU 941/2025, el decreto que reformó la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y otorgó nuevas facultades al organismo. La presentación ingresó a la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo y lleva las firmas de Leopoldo Moreau, Federico Storani, Ricardo Alfonsín, Luis Alberto Cáceres, Manuel Garrido, Eduardo Santín y Ricardo Terrile.
En el escrito, los firmantes solicitan una medida cautelar urgente para suspender los efectos del decreto, al que califican de inconstitucional, y advierten que “arrasa con el plexo de los derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional”.
Los cambios cuestionados
La reforma impulsada por el Poder Ejecutivo fortalece el rol de la SIDE, conducida por Cristian Aguadra y alineada con el asesor presidencial Santiago Caputo, y habilita al organismo a detener personas. Además, crea la Dirección Nacional de Ciberseguridad bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, a cargo de Manuel Adorni.
Los dirigentes radicales sostienen que no existe una necesidad y urgencia real que justifique el uso de un decreto en una materia de “alta sensibilidad constitucional” y remarcan que el tema debería haber sido debatido en el Congreso. También cuestionan que el decreto se apoye en conceptos “amplios y poco precisos” como influencia o injerencia, lo que, según advierten, abre la puerta a prácticas de vigilancia estatal sin control judicial previo.
Argumentos y riesgos
El recurso alerta que la norma “lesiona de manera actual e inminente derechos y garantías fundamentales de la totalidad de la ciudadanía”, entre ellos la privacidad, la intimidad, la protección de datos personales, la libertad de expresión, de asociación y de participación política.
Asimismo, señalan que el decreto establece el secreto como regla general de las actividades del sistema de inteligencia, debilitando la transparencia institucional y el control ciudadano y parlamentario.
Antecedentes y próximos pasos
El amparo se suma a otra acción presentada por los diputados Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, de la Coalición Cívica, junto al legislador Esteban Paulón, del Partido Socialista, que quedó radicada en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°4, a cargo de la jueza Rita Alián.
Los firmantes del nuevo recurso advierten que, de no suspenderse el decreto, podrían producirse daños de imposible reparación y dejan expresa la reserva de recurrir al per saltum ante la Corte Suprema, frente a lo que consideran una reforma estructural del sistema de inteligencia que afecta el equilibrio republicano.
