En el pronunciamiento se considera inconstitucional el artículo 14 de la ley 10.606 que indica que serán autorizadas las instalaciones de farmacias cuando la propiedad sea de profesionales farmacéuticos con título habilitante; de sociedades colectivas o sociedades de responsabilidad limitada; de Sociedades en comandita simple; de establecimientos hospitalarios públicos; o de las obras sociales, mutuales o gremiales.

«Considero que el artículo 14 de la ley 10.606 resulta inconstitucional, pues aún cuando se refiere a la autorización para instalar o enajenar farmacias, en rigor de verdad avanza sobre la regulación de lo concerniente a su titularidad», indicó el documento que lleva la firma de la procuradora fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Laura Monti.

En ese sentido, agregó que «la inconstitucionalidad del artículo 14 de la ley 10.606 aparece así indudablemente configurada, pues la provincia demandada al legislar sobre la propiedad o titularidad de los establecimientos farmacéuticos, avanzó indebidamente sobre un tema -la capacidad de las personas- cuya regulación uniforme en todo el país corresponde exclusivamente al Congreso de la Nación».

La demanda de Farmacity para que le permitan operar en Buenos Aires comenzó en 2012, cuando el presidente de la compañía era Mario Quintana, actual vicejefe de Gabinete de la Nación. Quintana mantiene en su poder el 3% de las acciones de la compañía y tiene en mente vender su participación antes de que finalice el corriente año, para evitar un eventual conflicto de intereses.