Los bloques del PRO y La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados bonaerense presentaron un proyecto de ley para reducir la carga impositiva en las facturas de servicios esenciales. La iniciativa busca eliminar el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB) que se aplica sobre las tarifas de gas natural, energía eléctrica y agua potable.

El proyecto fue impulsado por la diputada del PRO, Rita Salaberry, y cuenta con el respaldo de todo el bloque amarillo y de la bancada libertaria que preside Agustín Romo. La presentación se da en el marco del trabajo conjunto que ambos espacios vienen realizando en la Legislatura bonaerense.

Según la propuesta, la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) será la autoridad encargada de aplicar la norma. Además de los usuarios residenciales, el beneficio alcanzaría a pymes e instituciones educativas, sanitarias, sociales y comunitarias.

Los legisladores sostuvieron que «el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, cuando se aplica sobre servicios esenciales, tiene un carácter marcadamente regresivo: los hogares de menores ingresos destinan una proporción sensiblemente mayor de su presupuesto a estos bienes básicos que los hogares de mayores ingresos».

Desde la oposición también señalaron que el proyecto toma como antecedente una ley aprobada en 2018 por la Legislatura porteña, que eximió del pago de Ingresos Brutos a Metrogas y Agua y Saneamientos Argentinos S.A., siempre que ese beneficio se trasladara de manera directa a las tarifas.

En los fundamentos de la iniciativa se indica que las facturas de gas, electricidad y agua en la provincia incluyen distintos impuestos, que en el interior bonaerense representan cerca del 35 % del monto total. Sin embargo, remarcan que el único tributo que la Legislatura provincial puede modificar es el Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

El texto también afirma que «aproximadamente 4 millones de hogares con gas natural por red, 5 millones de hogares con electricidad y 4 millones de hogares con agua potable en la provincia, sumados a decenas de miles de pymes comerciales, instituciones sociales, educativas, sanitarias y comunitarias, recibirán de manera directa y verificable un alivio en sus facturas de servicios esenciales».

La iniciativa está compuesta por cuatro capítulos e incluye la obligación de trasladar el beneficio a las tarifas, un informe anual a la Legislatura y sanciones para las empresas que no cumplan con la medida, con multas de entre el 100% y el 300% del impuesto que debía ser descontado.