La presión política sobre el Gobierno nacional comenzó a escalar en las últimas horas, con los gobernadores y el Congreso reclamando que la emergencia ígnea forme parte del temario de las sesiones extraordinarias. Desde la Patagonia ya anticiparon el envío de un proyecto de ley con la intención de que sea debatido durante febrero, una iniciativa que rápidamente sumó apoyos en distintos sectores del arco político.

Uno de los primeros pronunciamientos llegó desde el PRO, fuerza a la que pertenece el gobernador de Chubut, Ignacio Torres. El partido reclamó que el Congreso declare de manera inmediata la Emergencia Nacional y advirtió sobre la magnitud del problema. De acuerdo a lo expresado por el espacio que conduce Mauricio Macri, “la situación es grave, afecta a miles de argentinos y requiere decisiones urgentes para contener el daño y asistir a las zonas afectadas”.

El propio Macri se manifestó en la misma línea y expresó su “apoyo el pedido” de Torres y del resto de los mandatarios provinciales “para que, en las sesiones extraordinarias, se sancione la Ley de Emergencia Ígnea, que permitirá coordinar los esfuerzos provinciales con el Estado nacional”. El ex presidente citó la información aportada por los gobernadores, que da cuenta de un escenario crítico: más de 230.000 hectáreas consumidas por el fuego en los últimos meses, en una región golpeada por la sequía más extensa desde 1965. “Se necesitan más recursos y herramientas para combatir el fuego y proteger la vida y las propiedades de los argentinos”, agregó.

La UCR también se sumó al reclamo. Su presidente, Leonel Chiarella, se comunicó con el gobernador chubutense para transmitir el respaldo del radicalismo a la iniciativa y acompañar el pedido de las provincias patagónicas para que el Congreso trate la emergencia con carácter urgente durante las extraordinarias.

En sintonía, el diputado y titular de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, reclamó que el Poder Ejecutivo incorpore el tema “de manera urgente” a la agenda parlamentaria. Además, planteó la necesidad de asegurar los fondos del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, recomponer los salarios de los brigadistas y abrir un debate de fondo sobre la tipificación del ecocidio en el Código Penal, con el objetivo de poner fin a la impunidad ambiental.

Hasta el momento, el único cambio en el temario de las sesiones extraordinarias fue la inclusión del debate sobre la baja de la edad de imputabilidad. En ese punto, el PRO mantiene una posición histórica: Cristian Ritondo viene trabajando el tema desde hace años y fue autor de uno de los primeros proyectos. No obstante, el acompañamiento del bloque tiene un límite definido, ya que avala reducir la edad a 14 años pero rechaza la propuesta oficial de llevarla a 13.

Desde el partido argumentan que no existe consenso médico ni psicológico que garantice que niños de 12 o 13 años comprendan plenamente la gravedad de sus actos. Para sostener esa postura citan la observación 24 de Naciones Unidas y diversos estudios en neurociencias que señalan que el pensamiento abstracto aún no está completamente desarrollado a esa edad.

A ese cuestionamiento técnico se suma una objeción vinculada a la capacidad del Estado. En el PRO reconocen las falencias actuales para alojar y acompañar a los menores que ya integran el sistema, una situación de colapso en la infraestructura que incluso fue advertida por la Corte Suprema. En ese contexto, bajar la edad a 13 años profundizaría una crisis sin soluciones de fondo.

Finalmente, el espacio sostiene que la Argentina debería tomar como referencia a países como Alemania, España, Italia, Chile, Uruguay o Colombia, donde el límite se fija en los 14 años. Sin embargo, el respaldo llega acompañado de una advertencia directa al Gobierno: “Bajar la edad sin invertir en infraestructura es populismo penal”. En el PRO alertan que, sin centros especializados de alta seguridad ni un verdadero modelo socioeducativo, la ley quedará reducida a «letra muerta» apenas sea sancionada.