La secuencia fue fácil: el Gobierno quería mejorar la imagen de Fútbol para Todos y llamaba a Marcelo Tinelli para tal labor. Pocos días después, se empezó a quejar el núcleo duro del camporismo y Hebe de Bonafini reveló con sinceridad la esencia del problema diciendo que “el fútbol no es para hacer plata sino para hacer política”.

La Presidenta terminó poniéndose en el lugar de presidenta de Fútbol para Todos, echó a Tinelli y mandó todo al punto original.

El tema es que con la estética fascistoide que rige hasta ahora o con otra renovada y modernizada, con relatores demodé o bobamente militantes o con tipos actualizados y más prestigiosos, nada cambia el fondo: que el Estado gaste 1.800 millones por año para pasar una cantidad ridícula de partidos por semana constituye una inmoralidad.

Máxime si sabemos que esa cantidad brutal de dinero va a las arcas de clubes que, salvo honrosas excepciones, tienen quebrantos económicos y problemas de corrupción. Un fútbol que, además, genera muertes en cantidades alarmantes por el imperio de grupos violentos que defienden negocios.

Es impresionante la cantidad de acciones que se podrían llevar adelante con este dinero.

Por ejemplo, en seguridad, en mejora en los servicios públicos (para que no se corte la luz o no choquen los trenes), en educación, en cultura.

La ciudad de Medellín bajó niveles de violencia que eran alarmantes con la asignación de fondos a la creación de instituciones con gran impronta cultural y fuertemente contenedoras dando al mundo un ejemplo virtuoso. ¿Se imaginan hasta dónde se podrían replicar esta clase de proyectos con 1800 millones al año para sacar a jóvenes que están cerca de la marginación en lugar de gastarlos en el populismo del fútbol panfletario?

Ha sido bueno el fracaso del nuevo proyecto. Se iba a mejorar la forma y eso iba a naturalizar algo que no debe ser naturalizado: el dineral que se gasta sin licitación.