El Gobierno nacional colocó la aprobación del Presupuesto 2026 en el centro de su estrategia política y económica de cierre de año. La urgencia no respondió solo a una formalidad institucional. La Casa Rosada buscó dar una señal clara de gobernabilidad y disciplina fiscal para intentar bajar el riesgo país, una condición necesaria para acceder a financiamiento externo en mejores condiciones.

El foco estuvo puesto en el frente financiero. En enero de 2026, el Tesoro enfrentará vencimientos de deuda externa por alrededor de USD 4.500 millones. Sin un Presupuesto aprobado, el escenario se volvió más adverso. La falta de una hoja de ruta fiscal elevó la percepción de riesgo y encareció el crédito. Para el equipo económico, sostener un nivel alto de riesgo país complicó cualquier intento de refinanciar esos compromisos a tasas razonables.

En ese contexto, el ministro de Economía, Luis Caputo, apareció como el principal interesado en cerrar el trámite legislativo. El Presupuesto no solo ordenó el esquema de gastos e ingresos. También funcionó como una señal política hacia los mercados, al mostrar que el oficialismo pudo construir acuerdos en el Congreso tras dos años de prórroga presupuestaria.

La media sanción en Diputados acercó al Ejecutivo a un objetivo central: ampliar las herramientas para la administración de la deuda. El proyecto incluyó el artículo 56, que habilitó a la Secretaría de Hacienda y a la Secretaría de Finanzas a realizar operaciones de manejo de pasivos con mayor flexibilidad, sin las restricciones de la Ley de Administración Financiera. Ese punto resultó clave para avanzar en canjes de deuda y mejorar el perfil financiero del Estado.

Caputo explicó el trasfondo de esa estrategia en declaraciones públicas. “Los bonos que Argentina tiene en el mercado son bonos reestructurados por Guzmán, que son convencionales. Y cuando vos tenés un bono que es convencional, cotiza a un precio más bajo. Es decir, a una tasa interna de retorno más alta, simplemente porque no es un bono del prototipo que se adquiere en el mercado”, afirmó. Luego agregó: “Esto traducido quiere decir que si nosotros pudiéramos reemplazar los bonos viejos por bonos convencionales, el riesgo país, que hoy está en 590, podría estar en 490 sin tener que cambiar nada, simplemente porque cambiaste la estructura de los bonos”.

La lógica oficial apuntó a un efecto directo. Un Presupuesto aprobado redujo la incertidumbre política, fortaleció la previsibilidad fiscal y abrió la posibilidad de una baja del riesgo país. Con ese movimiento, el Gobierno aspiró a volver a los mercados internacionales a un costo menor y a refinanciar los vencimientos de enero de 2026 sin recurrir a soluciones de emergencia.

En el plano político, el oficialismo evitó introducir cambios en el Senado. Tras la experiencia fallida en Diputados, los aliados advirtieron que reabrir el texto implicó el riesgo de un recinto desbordado y de una segunda revisión incierta. “Bullrich hizo el intento y, de buena manera, trasladó la postura del Ejecutivo. Es su trabajo. El tema es que si vas al recinto para incorporar los cambios que pretende la Rosada, el kirchnerismo y varios dialoguistas van a querer introducir muchos más, se va a descontrolar el recinto y terminará peor”, sostuvo uno de los senadores que participó de las conversaciones.

Aunque persistieron reclamos de las provincias, el Gobierno priorizó cerrar la ley sin modificaciones. El objetivo no pasó por el detalle fino del articulado, sino por el impacto macroeconómico de contar con un Presupuesto vigente, una condición que el mercado siguió de cerca.

Con ese telón de fondo, el oficialismo apostó a que la sanción del Presupuesto 2026 funcionara como un punto de inflexión. Bajar el riesgo país, acceder a deuda más barata y afrontar los vencimientos de enero del próximo año se convirtieron en partes de una misma ecuación. Sin esa ley, el arranque de 2026 quedó mucho más expuesto.