Con el reclamo de «más plata para sus provincias» como bandera, los gobernadores intensifican la presión sobre el Gobierno, exigiendo que se incluyan modificaciones en el Presupuesto 2025. Hasta que no haya definiciones concretas sobre las partidas específicas que las provincias solicitan a la Nación, el destino del proyecto oficialista en la Cámara de Diputados sigue siendo incierto.

Por esta razón, la reunión de ayer en la comisión liderada por José Luis Espert concluyó sin definiciones claras y se decidió pasar a un cuarto intermedio que continuará el martes por la tarde. Este intervalo abrió un espacio para negociaciones políticas, en paralelo a la reunión que los gobernadores mantuvieron más tarde en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), ubicado en pleno microcentro porteño.

Los reclamos de los mandatarios abarcan diversas cuestiones, pero se centran principalmente en el manejo de los recursos. Buscan aliviar las restricciones en las finanzas públicas que establece la regla fiscal del artículo 1 del presupuesto impulsado por Javier Milei: si hay superávit, se podrán distribuir fondos; en caso contrario, el ajuste será inevitable para todos.

La promesa del Gobierno de introducir cambios en el Presupuesto 2025 fue el motor que llevó a las provincias a presionar a varios diputados, de distintos espacios políticos, incluido el peronismo, para que se retiraran a último momento de la sesión del martes pasado, que intentaba restringir los DNU del Presidente. Sin embargo, en las últimas horas las conversaciones no han avanzado. «Los asuntos con los gobernadores están bastante trabados», reconoció un importante operador opositor que trabaja estrechamente con los libertarios en la Cámara baja.

Este estancamiento llevó a que se convocara una cumbre en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), que reunió a algunos gobernadores en persona y a otros a través de Zoom. La reunión, aunque formalmente convocada para tratar cuestiones logísticas entre las provincias, también sirvió para discutir el tema del presupuesto.

Los principales reclamos de los mandatarios están relacionados con la coparticipación del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias (ATN), la deuda de las cajas provinciales de jubilaciones y el avance de obras públicas.

Recientemente, se añadió a la discusión un punto adicional: la posibilidad de que algunas de las 400 propiedades que el Estado nacional tiene planeado vender sean transferidas a las provincias como “parte de pago”, según indicó una fuente parlamentaria vinculada a las negociaciones de una provincia del Litoral.

Uno de los puntos que la oposición ha dejado claro que no respaldará es la ratificación del decreto sobre la actualización de las jubilaciones. Sin embargo, se mostró a favor de que se establezca un sistema de movilidad para los haberes de los jubilados. Además, desde los bloques opositores insisten en mantener la movilidad de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las asignaciones familiares. Por su parte, el oficialismo busca conservar las facultades que le permiten al Gobierno renegociar con mayor flexibilidad el canje de deuda, aunque se anticipa que no contará con los votos suficientes para aprobar este punto.

“Se discutieron todos los temas de cara al presupuesto”, afirmaron desde una provincia gobernada por el PRO. El encuentro fue impulsado por el diputado de Chubut, Ignacio Torres, y contó con la participación de los gobernadores kirchneristas Axel Kicillof (Buenos Aires) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur), junto con el ministro Jaime Álvarez de Santa Cruz. También estuvieron presentes de manera virtual los peronistas Martín Llaryora (Córdoba) y Sergio Ziliotto (La Pampa), así como el radical Gustavo Valdés (Corrientes). Ignacio Lamothe, titular del CFI y de extracción peronista, fue el anfitrión formal de la reunión, en la que se promovió el diálogo entre todos los mandatarios.

Más temprano, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, había estado en Buenos Aires, pero no participó de la reunión del CFI, ya que pasó por la Casa Rosada.

Los gobernadores debatieron diversos aspectos del presupuesto nacional 2025, enfocándose en el equilibrio fiscal y la distribución de los recursos. En particular, se trató el tema de la descentralización de partidas específicas, como los fondos provenientes del impuesto a los combustibles, que las provincias reclaman sean coparticipados para cubrir gastos en áreas clave como salud, educación y justicia. Según el comunicado posterior a la reunión, los mandatarios también acordaron discutir “propuestas para alinear los presupuestos provinciales con la proyección fiscal dinámica sugerida por el Gobierno Nacional y el cumplimiento de fallos judiciales, con el objetivo de mejorar la calidad institucional y evitar conflictos financieros entre Nación y provincias.”

La rosca política entre los gobernadores y la Nación sigue siendo el principal obstáculo para una definición del Presupuesto 2025 en Diputados. La reunión de este jueves en la comisión de la Cámara baja sirvió solo para retomar la agenda parlamentaria tras dos semanas de parálisis, pero no se lograron avances significativos. De hecho, la oposición criticó la ausencia de los representantes libertarios, lo que interpretan como una señal de que Javier Milei no está interesado en contar con una Ley de Leyes.

“Le pregunto a usted, diputado Espert, si están dispuestos a hacer cambios al dictamen del Presupuesto 2025. Las negociaciones deben ser transparentes y claras. Queremos saber si los cambios que piden los gobernadores serán aceptados”, planteó con firmeza Fernando Carbajal, de Democracia para Siempre, el bloque recientemente creado por los radicales vinculados a Facundo Manes y Martín Lousteau.

Por fuera del juego de Rodrigo de Loredo, quien se encuentra negociando con La Libertad Avanza, este grupo de radicales disidentes mantiene conexiones con otros gobernadores del espacio, como Carlos Sadir (Jujuy), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Leandro Zdero (Chaco). “No tenemos intención de firmar en disidencia el dictamen de mayoría, como harán otros bloques opositores. Veremos si redactan un dictamen de minoría o se abstienen de firmar”, señalaron en el espacio de Manes y Lousteau.

En tanto, este jueves, Unión por la Patria anunció que presentará un dictamen propio, al igual que la izquierda, siempre en rechazo a la propuesta oficialista de ajuste.

Desde La Libertad Avanza, Carlos Zapata destacó que el presupuesto propuesto está más fortalecido «en material social» que el del gobierno anterior. Defendió la finalización de la moratoria previsional prevista para marzo de 2025, calificándola de «estafa para los que aportamos«, y expresó su acuerdo con mantener la prestación para el adulto mayor, que representa el 80 por ciento de la jubilación mínima.

Las señales de las últimas horas indican que, si el oficialismo avanza el próximo martes con un dictamen conjunto con el PRO y la UCR de De Loredo, incluso si es en disidencia, se buscaría obtener la media sanción para el jueves.

En ese escenario, se espera una jornada extensa, ya que se intensificarán las negociaciones más finas antes de que el proyecto pase al Senado. “En el recinto se votará en general y se trabajará en cambios específicos, pero no hay intención de que Milei obtenga el beneficio de reencauzar el presupuesto de 2023 por segunda vez”, comentó un vocero, mientras la oposición insiste en que el Gobierno debe contar con una ley de estimados de gastos para evitar la discrecionalidad presidencial, como ocurrió este año.