En medio de un clima de tensión creciente entre la Casa Rosada y las provincias, los gobernadores de distintos bloques intensifican su presión para que el Gobierno habilite el debate del Presupuesto Nacional 2025. La intransigencia del oficialismo, liderado por Javier Milei, en torno al déficit cero y la negativa a incorporar los reclamos provinciales han generado una alarma generalizada, especialmente ante la posibilidad de prorrogar el presupuesto vigente, lo que dejaría al Ejecutivo con un manejo discrecional de los fondos.

«Si reconducen el Presupuesto, nos matan a todos. Van a tener la olla por el mango para repartir discrecionalmente», advirtió un dirigente provincial. Este escenario preocupa profundamente a los gobernadores, quienes temen perder la capacidad de negociar recursos claves para sus distritos. Esta posibilidad surgió con fuerza debido a la falta de avances en las gestiones para incluir las demandas provinciales en el nuevo proyecto presupuestario.

El bloque de gobernadores «dialoguistas» del ex Juntos por el Cambio (JxC) publicó un comunicado conjunto en el que reafirmaron su postura a favor del equilibrio fiscal y el cumplimiento de la ley. «No pedimos discrecionalidad, sino respeto, diálogo y cumplimiento de la ley», sostuvieron. Entre los firmantes figuran Alfredo Cornejo (Mendoza), Gustavo Valdés (Corrientes), Jorge Macri (CABA) y otros, quienes insisten en la necesidad de garantizar transparencia y previsibilidad en la asignación de recursos.

Entre los reclamos centrales destacan la compensación por el Consenso Fiscal, el financiamiento de las cajas previsionales no transferidas, la redistribución del impuesto a los combustibles y la eliminación de los aportes adicionales de las provincias a la AFIP tras la reestructuración de la entidad. Según los gobernadores, estas demandas son «razonables y viables» dentro de los parámetros de un presupuesto equilibrado.

Desde la Casa Rosada, sin embargo, la postura es inamovible: «El déficit cero no se negocia». Tanto Guillermo Francos, jefe de Gabinete, como el ministro de Economía, Luis Caputo, han enfatizado que cualquier reclamo debe estar acompañado de una propuesta concreta sobre su financiamiento. Este enfoque ha generado un fuerte descontento entre los mandatarios provinciales, quienes denuncian la falta de disposición al diálogo directo con el Ejecutivo.

En el Congreso, la oposición ha intentado sin éxito convocar sesiones especiales para tratar el Presupuesto y otros temas relevantes, como el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 846/2024, que habilita al ministro Caputo a tomar deuda sin la aprobación parlamentaria. La falta de quórum, impulsada en parte por las ausencias estratégicas de legisladores alineados con ciertos gobernadores, frustró estas iniciativas y dejó al oficialismo con margen de maniobra.

El temor a un manejo discrecional de los recursos ha llevado a algunos mandatarios provinciales a explorar negociaciones bilaterales con el Gobierno, una estrategia que, aunque pragmática, podría debilitar la unidad entre las provincias. «La fragmentación de los reclamos favorece al Ejecutivo», admitió un analista político. Esto ha encendido las alarmas en sectores opositores, que buscan mantener una postura cohesionada frente a la Casa Rosada.

Por otro lado, el peronismo adopta un perfil bajo, aunque no sin tensiones internas. Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, denunció que la Nación adeuda a su distrito «un cuarto del Presupuesto que le corresponde». En tanto, el pampeano Sergio Ziliotto ha intentado un acercamiento al Gobierno para coordinar mesas de trabajo y avanzar en acuerdos sobre deudas pendientes y programas de vivienda.

La incertidumbre crece a medida que se agota el tiempo para alcanzar consensos. Sin un nuevo Presupuesto, el Gobierno podría optar por prorrogar el actual, lo que incrementaría las inequidades entre las provincias y debilitaría la confianza de los mercados. Este escenario refleja una crisis de gobernabilidad que afecta tanto al Ejecutivo como a los distritos, dejando a los ciudadanos como principales damnificados.

En este contexto, los gobernadores esperan un gesto concreto de la Casa Rosada para destrabar el conflicto y garantizar un debate amplio y democrático en el Congreso. Mientras tanto, las provincias temen que el uso de un presupuesto reconducido se convierta en una herramienta de presión política y económica que erosione aún más la ya frágil relación entre Nación y las jurisdicciones subnacionales.