Con la mira puesta en febrero, la administración de Javier Milei acelera las gestiones políticas para lograr la aprobación de la reforma laboral en el Congreso. En ese marco, el ministro del Interior, Diego Santilli, inició una recorrida por distintas provincias para sumar el respaldo de los gobernadores, mientras que este viernes la mesa política de La Libertad Avanza se reunirá para terminar de delinear la hoja de ruta parlamentaria. En paralelo, también están previstos encuentros técnicos con la CGT y con cámaras empresarias para escuchar objeciones y propuestas.

Desde el peronismo anticipan un rechazo frontal a la iniciativa oficial, al considerar que no promoverá la creación de empleo sino que profundizará la flexibilización y precarización laboral en beneficio de las empresas. “El proyecto del Gobierno busca desarticular al sindicato como sujeto colectivo, quebrar la organización colectiva de los trabajadores y reinstalar un modelo laboral fundado en el miedo, la falsa negociación individual y la inestabilidad absoluta. No es modernización: es una forma de esclavitud moderna”, advertía un borrador que circuló entre las bancadas de Unión por la Patria antes del debate en comisión del Senado. No obstante, legisladores peronistas avanzan en propuestas alternativas para no limitar su estrategia a la mera negativa.

“A nosotros nos dicen que nunca propusimos una reforma laboral, pero es mentira. Tenemos que demostrar que hubo muchas propuestas durante los últimos dos años, pero nunca pudimos pasar el filtro de la comisión de Trabajo que presidía Martín Tetaz”, explicó un diputado involucrado en la elaboración de esos proyectos.

En la Cámara de Diputados, el armado peronista cuenta con referentes de fuerte perfil sindical y técnico, como la ex ministra de Trabajo Kelly Olmos; el secretario general de La Bancaria, Sergio Palazzo; Carlos Cisneros, también dirigente de ese gremio; el secretario adjunto de SMATA, Mario “Paco” Manrique; Hugo Antonio Moyano, y el titular de la CTA, Hugo Yasky. En el Senado, la coordinación quedó en manos de Mariano Recalde, abogado laboralista e hijo del histórico asesor de la CGT, Héctor Recalde.

Dentro de la oposición asumen que sus iniciativas no tendrán lugar en las sesiones extraordinarias, ya que el Poder Ejecutivo no las incorporará al temario. Por eso, el objetivo será aprovechar el debate para instalar alternativas “que atacan los problemas que la reforma laboral de Milei no va a resolver”. En ese sentido, plantean dos escenarios: el ideal, rechazar el proyecto en su totalidad; y uno intermedio, avanzar “contra los artículos más regresivos, como las restricciones al derecho a huelga”.

Kelly Olmos señaló que todavía están “redondeando” la propuesta, aunque varios ejes ya están definidos. Uno de los principales será el fortalecimiento de la negociación colectiva para recomponer salarios, con paritarias libres y sin topes. También cuestionan a la Secretaría de Trabajo por no homologar acuerdos que superan la pauta inflacionaria y proponen revitalizar el Consejo del Salario, además de exigir que el sueldo se pague íntegramente en dinero, en contraposición al pago en especie que avala el oficialismo.

Otro punto central será la regulación del trabajo en plataformas digitales, con el reconocimiento del vínculo laboral mediante la reglamentación de la “presunción de relación laboral”. A esto suman la apertura de los algoritmos que definen la asignación de tareas, sanciones y bloqueos, así como derechos como vacaciones pagas, elementos de seguridad, cobertura por accidentes y la posibilidad de conectarse y desconectarse sin penalidades.

El peronismo también buscará reactivar un debate que no prosperó durante la gestión de Alberto Fernández: la ampliación de las licencias por paternidad, aclarando que su financiamiento estará a cargo de la ANSES, al igual que las licencias por maternidad. En la misma línea, impulsarán la reducción de la jornada laboral, tomando como referencia experiencias de Chile, Colombia, México y varios países europeos. La propuesta prevé una implementación gradual, con un primer paso hacia jornadas de 7 horas diarias o 42 semanales.

Para quienes trabajan desde sus hogares o en modalidades “híbridas”, el planteo incluye profundizar el “derecho a la desconexión”, garantizando el descanso efectivo fuera del horario laboral. Como cierre, la contrapropuesta contempla la creación de un bono anual por participación en las ganancias empresarias, un derecho previsto en el artículo 14 bis de la Constitución. “Eso ayudará a que los trabajadores tengan más interés en que a las empresas les vaya bien y ayudará a que los salarios sean verdaderamente dinámicos hacia arriba, no hacia abajo”, sostuvo Mariano Recalde en comisión.

Durante las próximas dos semanas, los distintos sectores del peronismo buscarán unificar criterios y llegar a un texto común antes de la primera semana de febrero, cuando el Gobierno prevé iniciar formalmente el tratamiento de la reforma laboral en el Senado.