Con el calendario legislativo activado para febrero, el Ejecutivo puso en marcha una agenda acotada pero con un objetivo central: avanzar con la reforma laboral. La convocatoria a sesiones extraordinarias, fijadas entre el 2 y el 27 de febrero, incluye apenas tres proyectos y una designación diplomática, aunque el oficialismo da por hecho que ya reúne los apoyos necesarios para aprobar los cambios en el régimen laboral. En paralelo, la oposición no dialoguista busca alterar ese orden y forzar el tratamiento inmediato del DNU 941/2025, que amplió las atribuciones de la SIDE, una iniciativa que el Gobierno intenta postergar hasta marzo.

Según los cálculos del bloque de diputados de Unión por la Patria, el rechazo al decreto podría alcanzar los 122 votos, quedando a sólo siete del quórum requerido para habilitar una sesión. Desde la Casa Rosada, en tanto, apuestan a estirar los tiempos y evitar que el tema llegue al recinto antes del inicio de las sesiones ordinarias, cuando confían en reforzar su capacidad de bloqueo en el Senado.

La convocatoria oficial fue publicada este lunes en el Boletín Oficial e incorpora, además de la reforma laboral, la Ley de Glaciares, el Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y el Mercosur y la designación del ex diputado Fernando Iglesias como embajador. Quedaron excluidos dos proyectos que habían sido mencionados en el llamado de diciembre: la reforma del Código Penal, que nunca ingresó formalmente al Congreso, y la Ley de Estabilidad Fiscal, frente a la cual el peronismo ya había elaborado una propuesta alternativa. Tampoco se incluyó el DNU que modificó la ley de Inteligencia Nacional, publicado el 2 de enero y cuestionado de inmediato por especialistas que lo consideraron ilegal.

Tanto la reforma laboral como el proyecto sobre Glaciares ya cuentan con despacho de comisión en el Senado y están en condiciones de ser tratados en el recinto. La prioridad del Gobierno está puesta en la reforma y el ministro del Interior, Diego Santilli, intensificó en los últimos días las reuniones con gobernadores dialoguistas, quienes le garantizaron el acompañamiento de sus legisladores. “No hay que tenerle miedo al cambio ni a avanzar. Son leyes viejas que hay que ir cambiando. Tenemos voluntad de diálogo, de no obstruir y de acompañar”, sostuvo el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, tras reunirse con el ministro.

En el Ejecutivo aseguran que podrán aprobar la reforma sin introducir modificaciones, ni siquiera en el capítulo impositivo, pese a que implicará una pérdida de recursos para las provincias. Tampoco evalúan revisar los artículos que, según plantearon en los últimos días entidades empresarias como la CAME, deberían ser reformulados.

El cronograma oficial prevé que el Senado sancione la reforma laboral el 10 o el 11 de febrero y la envíe de inmediato a Diputados. Sin embargo, en Unión por la Patria trabajan para alterar ese esquema. Este martes, el bloque retomará la actividad parlamentaria y recibirá al CELS, una de las organizaciones que difundió un comunicado de rechazo al DNU 941 y que presentó un amparo judicial. “Rompe consensos básicos de la democracia, amplía el margen de discrecionalidad estatal, debilita los controles y posibilita prácticas que creíamos superadas”, argumentaron al explicar por qué el Congreso debería rechazar el decreto. La estrategia del peronismo es que el mismo día en que el oficialismo intente aprobar la reforma laboral en el Senado, Diputados vote el rechazo al DNU.

“Según nuestra cuenta ya tenemos 122 votos”, señalaba un integrante de la bancada de UP. A los 93 diputados propios se sumarían los 22 de Unidos, los 4 de la izquierda y algunos monobloques, como el de la cordobesa Natalia de la Sota, el puntano Jorge “Gato” Fernández y la ex libertaria Marcela Pagano. En ese esquema faltarían apenas siete votos más, una cifra que consideran alcanzable. Hasta el momento, ningún bloque ni gobernador dialoguista salió públicamente a respaldar el decreto, ni siquiera el PRO, desde donde indicaron que aún deben analizar el tema.

Los bloques opositores reclamaron a la vicepresidenta Victoria Villarruel y al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que conformen de manera urgente las comisiones bicamerales de Trámite Legislativo y de Inteligencia para analizar el decreto firmado durante el receso. Sin embargo, no hubo respuestas formales y desde el oficialismo dejaron trascender que las comisiones recién se constituirán con el inicio de las sesiones ordinarias, en marzo. De acuerdo con el procedimiento vigente, una vez transcurridos diez días hábiles desde el envío del decreto al Congreso —que se concretó el jueves 15—, el DNU puede ser tratado directamente en el recinto, como pretenden las bancadas opositoras.

Desde el oficialismo, no obstante, intentan imponer una interpretación reglamentaria que impediría ese tratamiento, al sostener que durante las sesiones extraordinarias sólo pueden debatirse los temas incluidos por el Ejecutivo. “Si ellos sacaron un decreto de necesidad y urgencia en el receso, tenemos la facultad de autoconvocarnos para tratarlo también en el receso”, responden desde Unión por la Patria. Si logran reunir el número necesario, confían en imponer esa postura en el recinto. En el Gobierno, por el contrario, harán todo lo posible para dilatar el debate hasta marzo y diluir la discusión del decreto entre el resto de los temas legislativos.