Queremos manifestar públicamente nuestro más enérgico repudio y rechazo al fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que otorga la posibilidad de acceder al beneficio del denominado “2 x 1” a los genocidas y represores condenados por delitos de Lesa Humanidad perpetrados durante la última dictadura militar. Tal es el caso del asesino y represor, Luis Muiña, que formaba parte del grupo paramilitar que operaba en "El Chalet", centro de clandestino y torturas que funcionaba dentro del hospital Posadas.

Es indispensable continuar la lucha por la Memoria, Verdad y Justicia en un contexto político, social, y económico por el que transita nuestro país donde desde distintos sectores tradicionales del poder civil, empresarial e institucional se abona el imaginario del “Negacionismo”, para establecer ante los ojos de nuestra sociedad un mensaje claro y contundente; Nunca Más. La última genocida dictadura cívico-militar en la Argentina llevó adelante un plan sistemático de persecución, tortura, muerte y desaparición de 30.000 argentinos violando derechos humanos fundamentales, orquestados desde el aparato represor del Estado.

La aplicación de la Ley 24.390 a condenados por crímenes de lesa humanidad se convierte llanamente en un indulto y sienta un nocivo precedente para el estado de derecho y el sistema democrático.

Los integrantes del órgano de justicia de mayor jerarquía en nuestro país, ignoran la lucha de más de 40 años de los organismos de Derechos Humanos y de gran parte de la sociedad argentina; y premian a los militares y civiles que cometieron los delitos y vejámenes más terribles de nuestra historia, a quienes secuestraron bebés, a quienes violaron, torturaron, asesinaron y desaparecieron sistemáticamente, a quienes sembraron el terror para implantar un modelo económico de exclusión y de pobreza. Este fallo se sitúa en un contexto de enorme retroceso en la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, causa por la que nuestro país había sido reconocido internacionalmente durante los últimos años.

Recordar que a dos de los tres jueces que votaron a favor del fallo, Horacio Rosankrantz y Carlos Rosatti, el presidente de la Nación, intentó nombrarlos mediante un decreto, violando los mecanismos constitucionales para efectuar tales nombramientos. No podemos dejar pasar que en el último año se sucedieron distintas declaraciones negacionistas por parte de los más altos funcionarios de gobierno, como el Ministro de Cultura y Educación de la Nación -que a través de una humorada reivindicó el genocidio de los pueblos originarios en la Patagonia argentina-; la del ex Ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Darío Lóperfido –que declaró que el número de desaparecidos había sido acordado en una mesa de negociación por los familiares de las víctimas a cambio de subsidios-; las del propio Presidente Mauricio Macri -que manifestó no tener ni idea de cuántos habían sido los desaparecidos y nombró a la última dictadura como una “guerra sucia”; la del titular de la Aduana Gómez Centurión que directamente negó que en Argentina haya existido un plan sistemático para la desaparición de personas durante la última dictadura militar y se refirió a la cantidad de víctimas como “8000 personas muertas (que) desde el punto de vista social es espantoso, pero desde el punto de vista histórico no es lo mismo 8000 verdades que 22 mil mentiras".

Mauricio Macri es el primer presidente de la democracia que niega el terrorismo de estado y las 30 mil personas desaparecidas víctimas del genocidio y no es una decisión aislada, sino la manifestación fáctica de un cambio de época muy preocupante, que vuelve a sumergir al país en políticas de impunidad para aquellos que cometieron delitos de lesa humanidad durante la época más oscura que haya vivido nuestro país. Es inadmisible que en un régimen democrático se relativice el terrorismo de estado y a sus víctimas, y se vaya en contra de la voluntad de un pueblo que manifiesta hace 40 años una lucha inclaudicable.

Por último queremos desde el Bloque de Concejales del PJ-FPV San Isidro comunicar que en la sesión ordinaria del próximo 17 de mayo pediremos el tratamiento sobre tablas del proyecto de Repudio y Rechazo a esta decisión judicial que presentaremos, como así también, reafirmar una vez más nuestro compromiso con el fortalecimiento y la consolidación de la democrática en nuestro país, entendiendo que la misma necesita inexorablemente, garantizar las profundización de las políticas de Estado y procesos judiciales en procura de Memoria, Verdad y Justicia.

30000 Detenidos-Desaparecidos, Presentes. Ahora y Siempre!!!.

FIRMA: Concejales PJ San Isidro Fabian Brest, Leandro Martin y Juan Ottavis.