“Fue una sesión bisagra, pero hay que seguir trabajando en reconstruir el diálogo. Todavía persiste mucha desconfianza”, reconocen dentro de la bancada libertaria. Ya no se percibe el tono vengativo de otras oportunidades, aunque entre los bloques opositores moderados predomina cierta incredulidad. “Veremos cómo se comportan con el presupuesto 2026. Esa será la verdadera prueba de amor”, deslizan.

El debate por el Presupuesto se retomará la próxima semana. La oposición logró emplazar a la comisión que ahora encabeza el libertario Bertie Benegas Lynch, en reemplazo de José Luis Espert, para emitir dictamen el 4 de noviembre. La intención es tenerlo aprobado antes del 30 de ese mes, cuando concluyen las sesiones ordinarias. Según advirtieron, no permitirán otra prórroga de la ley. El oficialismo acompañó la moción en un gesto de acercamiento, aunque puertas adentro dudan de que las negociaciones puedan resolverse en tan poco tiempo.

Lo cierto es que la Casa Rosada trabajó sin descanso para evitar otro descalabro parlamentario en Diputados. Las directivas del Fondo Monetario Internacional y del Tesoro de Estados Unidos fueron categóricas: era necesario mejorar la gestión política como condición para avanzar con las reformas estructurales pendientes. Esto implica consolidar alianzas legislativas más estables de cara a la segunda etapa de la administración libertaria. En otras palabras, menos confrontación y más diálogo.

Esa reapertura del canal político comenzó a dar resultados. El oficialismo logró impedir que se aprobara la ley que buscaba restringir el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) —el texto fue modificado y regresó al Senado— y, pasada la medianoche, consiguió que se rechazara la reforma que alteraba el reparto del Impuesto a los Combustibles (ICL) en beneficio de las provincias y en perjuicio del Tesoro nacional.

La iniciativa, impulsada por 24 mandatarios provinciales, ya contaba con media sanción del Senado, pero varios gobernadores se bajaron a último momento. Entre ellos, el tucumano Osvaldo Jaldo, que ordenó a sus tres diputados ausentarse, y el salteño Gustavo Sáenz, que actuó del mismo modo. También los legisladores leales al rionegrino Alberto Weretilneck se ausentaron en la votación.

A esta lista se sumaron Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Alfredo Cornejo (Mendoza), quienes también instruyeron a sus bancadas a no participar. Era algo previsible: ambos sellaron acuerdos electorales con los libertarios en sus provincias.

Tanto Sáenz, como Jaldo y Weretilneck habían sido aliados claves del oficialismo en el primer tramo de gestión, pero en los últimos meses se distanciaron con críticas al incumplimiento de compromisos en materia de obras públicas y transferencias de fondos. El misionero Hugo Passalacqua también marcó distancia, aunque con un tono menos confrontativo. Las ausencias y abstenciones de sus diputados permitieron que el bloque más duro de la oposición no arrastrara al Gobierno a una nueva derrota.

Desde el espacio Provincias Unidas también hubo señales favorables: los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe) e Ignacio Torres (Chubut) ordenaron a sus legisladores no dar quórum, y los votos negativos de las diputadas Melina Giorgi (Santa Fe) y Ana Clara Romero (Chubut) resultaron decisivos para que la reforma de los DNU regresara al Senado, dándole así aire al oficialismo.

Las razones de los gobernadores

¿Qué llevó a este inesperado respaldo de los mandatarios provinciales? Las motivaciones fueron diversas. Por un lado, el Gobierno ofreció señales concretas de apertura: reactivación de obras públicas demoradas y avales financieros de la Nación para que finalmente se ejecuten proyectos en sus distritos. Pero para llegar a ese punto, los gobernadores debieron primero mostrarle los dientes al Ejecutivo en el Congreso.

Las sucesivas votaciones en contra del oficialismo —como las leyes sobre financiamiento universitario, discapacidad y emergencia pediátrica— fueron golpes de efecto que dejaron en evidencia el descontento. Derrotado, el Gobierno no tuvo otra opción que ceder y reabrir canales de negociación.

También hubo razones políticas. “Nadie quiere quedar demasiado pegado al kirchnerismo ni regalarle victorias en el Congreso. Aparecer como golpista en este contexto de fragilidad que atraviesa el Gobierno tampoco nos beneficia”, argumentan desde la oposición dialoguista.

El oficialismo, además, logró mantener alineado al bloque de la UCR, liderado por Rodrigo De Loredo, que optó por abstenerse en la votación sobre los DNU. Incluso recuperó a tres diputados que se habían apartado del bloque libertario: Oscar Zago, Carlos D’Alessandro y Gerardo González, quienes acompañaron las últimas iniciativas.

Tras una seguidilla de derrotas legislativas, el resultado de esta última sesión fue celebrado como un triunfo modesto pero necesario. Sin embargo, también reavivó internas dentro del espacio libertario y tensiones entre el asesor Santiago Caputo y el jefe de Gabinete Guillermo Francos, ambos adjudicándose el mérito del operativo político.

“En toda gestión hay gente que trabaja, pero no tiene responsabilidad. Hay algunos que firmamos resoluciones, decretos, proyectos de ley, y hay otros que asesoran y no tienen esa responsabilidad”, lanzó Francos, en una clara alusión a Caputo.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, también reclamó protagonismo. Busca fortalecer su posición para ser reelegido en diciembre, aunque enfrenta resistencias internas y externas. Muchos dentro y fuera de su bloque le atribuyen parte del clima de tensión que se vive en el recinto y que facilitó los recientes avances opositores.

“Lo cierto es que por primera vez tanto Caputo, Francos, (Lisandro) Catalán (ministro del Interior) como Menem trabajaron para recuperar el diálogo. Cada uno por su cuenta, pero empujando en la misma dirección”, analizó un funcionario de la Casa Rosada.

El próximo desafío se traslada al Senado, donde el kirchnerismo intenta convocar una sesión antes de las elecciones para aprobar definitivamente la ley que limita los DNU. Están a solo tres votos de lograr quórum, aunque esta vez la oposición moderada —UCR y bloques provinciales— no parece tan dispuesta a facilitarlo como en la oportunidad anterior.

“Tal vez la mejor estrategia sea mantener pendiente la sanción de la ley de DNU como carta de negociación, o como amenaza si el oficialismo dilata el tratamiento del Presupuesto 2026. Para nosotros, el presupuesto es prioridad”, sostienen desde esos espacios.