La guardería de embarcaciones sustraía irregularmente agua potable a través de una conexión no autorizada con el conducto principal de AySA. También tenía pendiente la presentación del proyecto antisiniestral. El Secretario de Obras Públicas, Santiago Ríos, afirmó que “los vecinos denunciaron que había baja presión; en conjunto con Orden Urbano y Obras Particulares hicimos la inspección y detectamos esta bomba clandestina”. “Radicamos la denuncia pertinente en la Fiscalía”, agregó.
Los vecinos del barrio sanfernandino Alvear han manifestado durante las últimas semanas la baja en la presión del agua corriente. La Municipalidad de San Fernando tomó cartas en el asunto, llevó adelante las inspecciones pertinentes en las guarderías náuticas de la zona, y encontró una bomba de extracción clandestina en la Guardería Neptuno. En ese predio de carácter privado -que funciona como estacionamiento de embarcaciones y jet ski- existía una conexión irregular no autorizada al conducto principal de AySA.
En un operativo municipal conjunto, encabezado por el Secretario de Obras Públicas, Santiago Ríos; el Subsecretario de Gobierno, Luis Freitas; y con el apoyo de Protección Ciudadana, se clausuró el parque náutico, ubicado en Alvear y Río Luján. Ríos aseguró que “los vecinos venían denunciando que había baja presión de agua, entonces hicimos inspecciones en las guarderías de la zona”.
“Detectamos dos irregularidades en la Guardería Neptuno; por un lado, una bomba clandestina, comúnmente llamada "robadora de agua", que bombeaba desde el conducto principal de AySA del barrio Alvear, quitándoles el agua potable a los vecinos de la zona, dejándolos sin agua”, explicó.
En este sentido, Ríos señaló que “se procedió a secuestrar la bomba, labrar el acta correspondiente y radicar la denuncia pertinente en la Fiscalía”.
“Además se clausuró por irregularidades en el proyecto antisiniestral, que nunca presentaron, incurriendo en falencias en materia de seguridad”, agregó.
El funcionario Luis Freitas aportó detalles sobre el operativo: “Además de constatar la conexión clandestina de esta bomba, corroboramos que tenían el informe antisiniestral sin vigencia; habían pedido una prórroga de 30 días, que el Municipio concedió, pero nunca presentaron el documento”.
“Los plazos administrativos, más allá de la feria judicial, son los que van a estipular nuestros técnicos y profesionales, pero esperamos que la empresa rápidamente se ponga a derecho, para no generar ningún tipo de contratiempos –concluyó-. Tienen que entender que han obrado de manera imprudente e ilegal, y nosotros tenemos que actuar en consecuencia”.
