Por Julian Domínguez
Desde el primer día del gobierno de Mauricio Macri hablamos del sesgo reprimarizador de su política económica en materia del comercio exterior. Los datos oficiales, a 30 meses de gestión, nos dan la razón. Pero ahora la decisión de enrasar los derechos de exportación entre manufacturas de origen agropecuario, como son el aceite y la harina de soja, y el producto primario que les da origen (poroto de soja), sumado a la reducción a los reintegros de impuestos en la exportación, terminan de definir el claro sesgo anti-industrial de esta gestión.
Es de público conocimiento que los países gravan con aranceles más altos el ingreso
de productos manufacturados o industrializados que el de los productos primarios. La razón es evidente: preservar dentro del territorio la transformación industrial que
capture, para su gente, el trabajo que genera la agregación de valor.
El caso más impactante es China, que importa 96 millones de toneladas de poroto de
soja cada año, pero solo 700.000 toneladas de aceite y absolutamente nada de la
harina proteica. En respuesta a esa política, la Argentina sostuvo diferenciales en los
derechos de exportación a favor de los productos industrializados, como medida espejo a la política arancelaria de los importadores.
Desde los años ochenta hubo una consistente política de mantener un diferencial en
los derechos de exportación a la industria aceitera, que en algunos momentos fue de 8 puntos porcentuales y que incluso durante los años 90, cuando se eliminaron las
retenciones, se mantuvo en 3,5 puntos a favor, más algún reintegro de impuestos
internos. Esto impulsó las inversiones multimillonarias del polo industrial aceitero más importante del mundo, sobre la costa del Río Paraná, que transformó la economía de la soja en la Argentina. De esta manera nuestro país dejó de ser un exportador del poroto para convertirse en el primer proveedor mundial de harina y aceite de soja, productos con valor agregado.
La industria acompañó el crecimiento de la producción, pasando de procesar 4 millones de toneladas en 1986 a un récord de 44,5 millones de toneladas en 2016, con una capacidad instalada para moler hasta 60 millones, en línea con lo que se espera que aumente la producción en los próximos años. Esto trajo beneficios al productor, porque estableció una demanda constante a lo largo del año, distinta a la concentrada en el momento de cosecha como es la exportación del grano, que lo benefició en el precio.
De hecho, el estudio realizado este martes 14 por la Bolsa de Comercio de Rosario
indica que la capacidad de pago de la industria es superior a la de la exportación, y
que la equiparación de los derechos de exportación (que se producirá en febrero de
2019) significará un menor precio para el productor en torno a los 11 dólares por
tonelada.
Podemos trazar un paralelismo con la cadena del trigo, a la cual se le enrasaron en
cero los derechos de exportación para todo tipo de producto. Así, mientras las exportaciones del cereal tuvieron un salto significativo, las de harina continúan sin poder marcar un crecimiento sostenido.
Quienes pregonamos a favor de la industrialización de la ruralidad, y de la agregación de valor en el territorio para generar desarrollo con equidad, no podemos dejar de alarmarnos por estas decisiones a contrapelo del interés nacional.
De no mediar políticas a favor de la exportación de productos industrializados, como
ser los reintegros de impuestos y diferenciales en los derechos de exportación, se
privilegia la venta al mundo de la materia prima por sobre el producto de su
transformación.
Querer ser “el Supermercado del Mundo” no es una cuestión de dichos sino de hechos que, lamentablemente, hoy vemos que van en sentido contrario a las expresiones voluntaristas.
