Mientras el oficialismo acelera para avanzar con la Reforma Laboral, en Casa Rosada sostienen que otra de las metas centrales para estas sesiones extraordinarias es lograr la sanción del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), un entendimiento que todavía permanece frenado en la justicia europea. Aunque el proyecto aún no fue enviado al Congreso, cerca del Gobierno aseguran que el presidente Javier Milei está a punto de firmarlo y que su remisión sería cuestión de horas.

El lunes pasado, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto elevó el texto al Poder Ejecutivo para completar el circuito legal previo a que el Legislativo pueda iniciar el debate. De acuerdo a lo reconstruido, el expediente se encuentra actualmente bajo revisión en la Secretaría de Legal y Técnica, a cargo de María Ibarzabal Murphy, paso previo a que sea rubricado por el mandatario.

En el oficialismo reconocen que la intención era analizar el documento con más tiempo, pero admiten que el proceso se demoró por cuestiones administrativas vinculadas a Bruselas. Según indicaron fuentes consultadas por este medio, la Unión Europea tardó en remitir las copias certificadas del acuerdo, que recién llegaron el sábado 31 de enero a la cartera que conduce Pablo Quirno.

Una vez que cuente con la firma de Javier Milei, el Gobierno planea poner en marcha la estrategia parlamentaria para reunir los apoyos necesarios en ambas cámaras y así obtener la aprobación. El objetivo es iniciar formalmente el proceso de ratificación del acuerdo, que contempla la eliminación de aranceles para más del 90% de las exportaciones del bloque sudamericano y una reducción de las barreras de acceso para bienes industriales y tecnológicos provenientes de Europa.

Con la mirada puesta en acelerar los tiempos, el Gobierno definirá este miércoles a las 12, en Casa Rosada, los próximos pasos para enviar al Congreso el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE). En la reunión de mesa política —la cuarta en lo que va de este 2026— el equipo reducido que conduce la negociación legislativa terminará de ordenar el cronograma y la estrategia para intentar asegurar los votos necesarios.

Hasta ahora, la alternativa que dominaba en el oficialismo era que el proyecto ingresara primero por la Cámara de Diputados, presidida por Martín Menem, y que se presentara junto a otra iniciativa, como podría ser la Ley Penal Juvenil. El objetivo era coordinar el ritmo con el Senado, que el miércoles 11 de febrero tiene previsto tratar la Reforma Laboral y la Ley de Glaciares, en un intento por aprovechar al máximo el calendario acotado de la prórroga legislativa. Sin embargo, por el momento se trata de un esquema en discusión que todavía no pasó del terreno de las conversaciones entre funcionarios y legisladores involucrados.

Las diferencias internas aparecen con fuerza cuando se analiza el respaldo político real para la sanción del acuerdo. Dentro del círculo más cercano al presidente Javier Milei hay quienes ponen en duda que el oficialismo pueda reunir el número necesario. “Debiera salir. Trabajaron todos los gobiernos en el tema y lo concretamos después de 25 años, no debería haber ningún sector en contra”, expresó ante este medio una fuente con acceso al despacho presidencial.

De todos modos, el entendimiento ya enfrenta cuestionamientos en el corazón del bloque de Unión por la Patria, en especial por parte del diputado de Patria Grande, Itai Hagman, quien alertó que el impacto del acuerdo sería negativo a largo plazo. En esa línea, sostuvo que la Argentina aparece entre los países “más perjudicados” porque —según su mirada— compromete el desarrollo industrial. En contraste, desde el ámbito legislativo libertario respondieron con una definición tajante: “Sin el peronismo igual llegamos”, deslizó una fuente parlamentaria.

Más allá de esas tensiones, el oficialismo insiste en apurar el envío para debatirlo durante febrero y avanzar con la sanción, un paso que permitiría habilitar la entrada en vigor del tratado. En paralelo, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, avanzó en una dirección similar: pese a las trabas en el Parlamento Europeo, remitió el proyecto al Congreso en las últimas horas, al abrirse el período legislativo de 2026.

El acuerdo fue firmado el 17 de enero en una ceremonia realizada en Asunción, con la presencia del libertario y de los demás jefes de Estado del bloque regional, con la excepción del líder del Partido de los Trabajadores (PT). Para que entre en vigencia, se requiere la ratificación de al menos un país del Mercosur y uno de la UE, donde el texto aún se encuentra condicionado por objeciones judiciales.

En Europa, el escenario es más complejo: el Parlamento Europeo no puede avanzar con la ratificación hasta que se expida el Tribunal de Justicia de la UE. Sin embargo, la Comisión Europea podría habilitar una aplicación provisoria del acuerdo sin necesidad de esperar a la Eurocámara. Esa opción es la que observa con atención el ecosistema libertario, que concentra su presión en Bruselas. “Con la ratificación de un socio Mercosur, Bruselas, independientemente del Parlamento Europeo, tiene la potestad de aplicarlo provisionalmente”, argumentó un funcionario.