Con la agenda parlamentaria al rojo vivo, el Gobierno se prepara para una semana decisiva en la que intentará anotarse sus primeros éxitos legislativos de 2026. El oficialismo apuesta a conseguir las medias sanciones del nuevo régimen penal juvenil y de la reforma laboral, dos iniciativas que viene trabajando con la oposición dialoguista desde el inicio del año.

El cronograma obliga a jugar en dos frentes al mismo tiempo: ambos proyectos se discutirán en estos días, pero en cámaras distintas. Por eso, las últimas negociaciones del oficialismo se desarrollarán casi en paralelo en el Senado y en Diputados, con los principales armadores enfocados en evitar tropiezos de último momento.

En la Cámara Alta, el plato fuerte llegará el miércoles, cuando se trate el proyecto que apunta a modernizar la legislación laboral. La propuesta, impulsada por la administración del presidente Javier Milei, generó un rechazo fuerte en varios sectores, sobre todo en el mundo gremial, que si bien no logró reunir consenso para convocar a un paro, sí anunció una movilización.

Aun con una postura crítica frente al texto, los sindicatos mantienen abierta la expectativa de poder negociar cambios en artículos que consideran sensibles. Entre los puntos más cuestionados aparecen las modificaciones vinculadas a las cuotas solidarias y a los fondos de las obras sociales.

En paralelo, las provincias también plantearon una objeción puntual: reclamaron algún tipo de compensación ante la eventual caída de recaudación que implicaría la reducción de alícuotas del impuesto a las Ganancias para sociedades.

Si bien en un tramo de la discusión el Poder Ejecutivo había deslizado la posibilidad de incorporar sugerencias, en las últimas horas la cúpula libertaria habría optado por no introducir cambios en el texto que ya cuenta con dictamen.

Mientras tanto, el jueves el foco se trasladará a la Cámara de Diputados, donde se discutirá el régimen penal juvenil. Allí el panorama aparece, en principio, más despejado: el proyecto contaría con apoyo de varios bloques, no solo de los aliados tradicionales como el PRO y el MID, sino también de espacios que suelen ubicarse más lejos de La Libertad Avanza (LLA), como Encuentro Federal, referenciado en Miguel Ángel Pichetto.

De todas maneras, en el oficialismo no quieren dar nada por garantizado. Con el antecedente de sesiones anteriores en las que hubo giros inesperados, buscarán cerrar acuerdos y asegurarse los votos antes de llegar al recinto, para evitar sobresaltos en cada instancia de votación.

De cara a las definiciones en el recinto, el oficialismo buscará jugar fuerte desde el inicio de la semana. A partir del martes los principales operadores del Gobierno se moverán casi de manera permanente por el Congreso, con el objetivo de monitorear de cerca las conversaciones finales y evitar que se caigan los acuerdos.

La avanzada estará encabezada por el ministro del Interior, Diego Santilli; el subsecretario de Gestión Institucional de la Presidencia, Eduardo “Lule” Menem; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, quien actuará como representante del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. En el entorno oficial explican que, por compromisos de gestión, Adorni tendrá menos margen para concentrarse en la rosca parlamentaria durante estos días.

El equipo, en ese marco, estará enfocado en apuntalar al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y a la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, en la tarea de sostener el respaldo a los proyectos que llegarán al debate.

El frente más difícil, como ya se venía anticipando, es el de la reforma laboral. Entre las principales trabas aparece la resistencia de los gobernadores nucleados en Provincias Unidas: Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio “Nacho” Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

“Ellos no apoyan el desfinanciamiento a las provincias. Menos en este contexto de caída de coparticipación y recaudación a nivel local. Ya hicieron el ajuste las provincias. Esa es la postura del espacio”, aseguró una persona con diálogo directo con uno de los mandatarios.

De todos modos, pese a los cuestionamientos, Llaryora y Pullaro decidieron suspender una reunión que tenían prevista con dirigentes de la CGT, en un gesto interpretado como una señal de que no quieren romper del todo el vínculo con Casa Rosada.

En ese tablero, Torres aparece como una pieza central: su influencia se extiende no solo sobre Andrea Cristina, del Frente PRO, sino también sobre Edith Terenzi, del monobloque Despierta Chubut.

Además, por gestiones de Santilli con varios de los protagonistas, el Poder Ejecutivo logró frenar un encuentro que los gobernadores tenían previsto realizar la semana pasada en el Consejo Federal de Inversiones (CFI). Allí pensaban discutir la reforma y unificar una postura común frente al texto.

En paralelo, Adorni todavía no volvió a convocar a una nueva reunión de la mesa política nacional, que integra junto a Santilli, Bullrich, Devitt, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor Santiago Caputo.

Ese núcleo volvería a reunirse esta semana para terminar de ajustar la estrategia legislativa y, al mismo tiempo, definir cómo avanzar con el resto de los temas en carpeta. Entre ellos figuran la Ley de Glaciares y los acuerdos comerciales con los Estados Unidos, además del entendimiento entre el Mercosur y la Unión Europea.

Por otra parte, y tal como adelantó este medio, la cúpula libertaria analiza extender por un día el período de sesiones extraordinarias. El objetivo es intentar que la reforma laboral quede aprobada antes del 1 de marzo, ya que con los plazos actuales se complica que el proyecto complete el recorrido parlamentario antes de esa fecha.

Todas estas definiciones deberán resolverse en los próximos días en Casa Rosada, en una semana particular para el Ejecutivo: finalmente el Presidente permanecerá en el país, luego de cancelar el viaje a Miami por cuestiones de agenda y para concentrarse, justamente, en la coyuntura local.