La votación en la Cámara de Diputados terminó siendo un alivio para el oficialismo. Gracias al respaldo de legisladores alineados con distintos gobernadores, el Gobierno logró sostener el veto del presidente Javier Milei al aumento de las jubilaciones y el bono, pese a la intención de la oposición de derribarlo.

Ayer (miércoles) estuve haciendo uso del teléfono toda la tarde y al final sacamos un empate. Así lo relató luego el jefe de Gabinete Guillermo Francos en el Council of the Americas, aludiendo a sus gestiones para garantizar un resultado favorable.

La votación nominal fue categórica. Los legisladores que terminaron inclinando la balanza en favor del oficialismo responden a los gobernadores que suelen tenderle una mano al Gobierno en los momentos críticos, sobre todo aquellos que sellaron alianzas electorales con La Libertad Avanza en sus provincias.

En ese marco, los libertarios celebraron que las tensiones con los mandatarios provinciales por la distribución de fondos y la paralización de la obra pública no se reflejaran en un rechazo legislativo. El dato adquiere más relevancia si se considera que Milei prevé insistir con más vetos, entre ellos a la emergencia pediátrica, el financiamiento universitario o la automática distribución de los ATN. Además, quedaron pendientes de resolución los vetos a la moratoria previsional y a la emergencia en Bahía Blanca.

El acompañamiento de los gobernadores que cerraron acuerdos con los libertarios fue determinante. El mendocino Alfredo Cornejo operó sobre sus comprovincianos Pamela Verasay y Lisandro Nieri, así como sobre la cordobesa Soledad Carrizo. Todos respaldaron la postura del Ejecutivo.

De manera similar, el entrerriano Rogelio Frigerio instruyó la abstención de Marcela Antola (Democracia para Siempre) y aportó además un voto negativo, el de Francisco Morchio (Encuentro Federal). El chaqueño Leandro Zdero, por su parte, garantizó el acompañamiento de Gerardo Cipolini. Los tres gobernadores competirán en octubre bajo la boleta violeta.

Pero la gestión de Francos no se limitó a los aliados electorales. El santacruceño Claudio Vidal, que incluso estuvo reunido el mismo miércoles en la Casa Rosada con el jefe de Gabinete, facilitó el voto en contra de José Garrido, uno de sus dos representantes. Paradójicamente, minutos antes el diputado había habilitado el tratamiento del proyecto.

Los misioneros que responden al líder renovador Carlos Rovira también jugaron su parte: los cuatro se abstuvieron. Esa decisión fue clave, ya que al elevar el piso necesario para alcanzar los dos tercios, terminó favoreciendo al Gobierno.

No obstante, las ausencias también llamaron la atención y abrieron especulaciones. El rionegrino Agustín Domingo, cercano al gobernador Alberto Weretilneck, no asistió, al igual que los peronistas Dante López Rodríguez y José Gómez. El primero integra el grupo de cuatro diputados alineados con el catamarqueño Raúl Jalil, mientras que el segundo pertenece al bloque de siete legisladores que conduce el santiagueño Gerardo Zamora.

En el recinto, la oposición denunció que algunos gobernadores estaban “apretando” para torcer voluntades, al tiempo que cuestionaron los cambios de posición de varios diputados. De todos modos, en la previa muchos ya reconocían que la urgencia financiera de las provincias seguiría forzando canales de diálogo con la Casa Rosada.

El panorama podría intensificarse después de octubre, si los libertarios logran ampliar su bloque y los mandatarios provinciales deciden formar una bancada propia. Por ahora, el espacio bautizado como Provincias Unidas no es más que un nombre, sin estructura ni coordinación legislativa concreta.