El Gobierno volvió a llevar al Congreso la reforma del régimen penal juvenil que había quedado frenada en 2024, pero dio marcha atrás pocas horas después. El eje del conflicto fue la baja de la edad de imputabilidad a 13 años, una propuesta que volvió a generar resistencias incluso entre los socios parlamentarios habituales del oficialismo.

Desde la Casa Rosada explicaron que la prioridad pasó por acelerar el trámite legislativo. En ese marco, una fuente oficial afirmó que el Ejecutivo buscó “se trate un proyecto ya acordado con otros sectores para que salga de la forma más expeditiva posible”. La referencia apuntó al dictamen que fijó la edad de imputabilidad en 14 años, el único texto que logró respaldo transversal en Diputados.

El proyecto ingresado por la mañana incorporó una novedad central. Por primera vez, el Ejecutivo detalló el costo total de la reforma, que ascendió a $23.739 millones. El texto discriminó partidas y asignó $3.131 millones al Ministerio de Justicia y $20.607 millones a la Defensoría General de la Nación. Ese punto no figuró en la versión presentada el año anterior.

Desde La Libertad Avanza defendieron la iniciativa y señalaron: “Si queremos evitar que los menores que cometen los peores delitos salgan impunes, sin pena ni consecuencias, tenemos que hacer todo lo posible para reformar la Ley Penal Juvenil”. En el oficialismo dieron por hecho que el umbral de 14 años permitió reconstruir un consenso mínimo.

La versión de 2024 solo indicaba que los gastos se cubrirían con recursos previstos en el presupuesto y con reasignaciones definidas por la Jefatura de Gabinete. No precisó montos ni fuentes. Ese esquema generó cuestionamientos similares a los que enfrentaron otras leyes sancionadas por el Congreso y luego frenadas por el Ejecutivo, como la emergencia en discapacidad y el financiamiento universitario.

Antes del retiro, el Gobierno sostuvo la postura de llevar la imputabilidad a los 13 años. Esa decisión no sumó apoyos en bloques como Pro y la UCR. El dictamen que avanzó el año pasado fijó el piso en 14 años y contó con el respaldo de aliados del oficialismo y de sectores de Unión por la Patria ligados al Frente Renovador.

El texto original estableció una pena máxima de 20 años y prohibió la prisión perpetua. Durante la negociación, ese punto se modificó. El dictamen definitivo redujo el tope de las penas privativas de la libertad a 15 años. También incorporó criterios más estrictos para la prisión efectiva, que quedó habilitada solo para delitos con escalas de diez años o más, con excepción de homicidios y hechos de violencia grave.

La propuesta reforzó garantías procesales y definió la privación de la libertad como última instancia. El texto exigió condiciones específicas para la detención de adolescentes, con alojamiento separado de adultos, módulos diferenciados y acceso a educación y salud.

En la oposición evaluaron sumar una cláusula adicional. El planteo apuntó a que las provincias que adhieran a la ley negocien con la Nación la implementación de obras y servicios necesarios para alojar a nuevos detenidos. El debate giró en torno a la distribución del costo entre el Estado nacional y los gobiernos provinciales.

El proyecto quedó en agenda para un plenario de las comisiones de Legislación Penal, Justicia y Presupuesto. La discusión en el recinto se programó para el jueves. El texto llevó las firmas del presidente Javier Milei, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

Para que el debate avance, el oficialismo necesitó completar la constitución de las comisiones. Presupuesto y Legislación Penal ya tuvieron autoridades designadas. Justicia y Familia, Niñez y Juventudes quedaron pendientes y concentraron nuevas negociaciones políticas.