La reciente sanción en el Senado del proyecto que limita el alcance de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) empujó al Gobierno a redoblar sus movimientos políticos con el objetivo de frenar que la medida avance en la Cámara de Diputados. En esa línea, la administración de Javier Milei comenzó a tender puentes con gobernadores de perfil dialoguista, buscando ampliar el margen de maniobra para impedir que la iniciativa prospere.

El tema es considerado prioritario por el Poder Ejecutivo. La Libertad Avanza llegó a la Casa Rosada con una representación mínima en ambas cámaras (en su inicio contó con apenas 38 diputados y 7 senadores), lo que llevó a Milei a utilizar los DNU como una herramienta para sostener la gestión sin depender del Congreso en cada paso.

En los pasillos de la Casa Rosada y del Congreso se admite que las chances de que el proyecto logre sanción definitiva son elevadas. “La oposición está envalentonada porque sabe que son las últimas semanas en las que van a poder aprovechar esta holgura legislativa. Todos estos proyectos están mediados por la campaña”, señaló un dirigente libertario.

En más de un despacho oficial se insiste en que frenar la propuesta podría servir como señal de fortaleza política. “El Tesoro pidió que demos muestras de control político en el Congreso”, sostuvo una fuente cercana al Gobierno, horas después del anuncio del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, quien dispuso una línea de swap por USD 20.000 millones para contener la volatilidad financiera en Argentina.

La premura de la oposición se explica por la certeza de que Milei recurrirá al veto, lo que obligaría a forzar la insistencia en ambas cámaras con una mayoría de dos tercios. Voces de peso de LLA en el Parlamento aseguraron que cuentan con los respaldos suficientes para sostener esa estrategia. “Estamos muy seguros de que los vamos a conseguir”, afirmaron.

Hace quince días, el Senado dio luz verde al proyecto con 56 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones. La iniciativa modifica la ley 26.122, aprobada en 2006 durante la gestión de Cristina Kirchner, que establece que los DNU solo pueden ser invalidados si tanto Diputados como Senadores los rechazan. Ese esquema permitió a los oficialismos de turno bloquear las impugnaciones con mayorías simples.

La reforma que obtuvo media sanción introduce modificaciones claves: fija un plazo de 90 días corridos para que el Congreso trate los DNU, tras el cual pierden vigencia si no hay resolución; y, además, obliga a la aprobación explícita de ambas cámaras para que continúen, lo que invierte la lógica vigente y facilita a la oposición bloquearlos con mayoría en una sola cámara.

Un interlocutor libertario con llegada a sectores opositores señalaba que algunos referentes más duros empezaron a moderar su postura: “Si el día de mañana gobiernan, no les va a servir esta nueva ley”, razonó.

En el Congreso, el seguimiento del tema recae en el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, mientras que los contactos con los gobernadores quedaron en manos del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y del ministro del Interior, Lisandro Catalán.

Este lunes, Francos tiene previsto reunirse con el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, en el marco del Consejo de Mayo, mientras que Catalán reservó encuentros con mandatarios provinciales. La intención es incluir la cuestión de los DNU en cada charla, tanto formal como informal.

En la Casa Rosada reconocen que los gobernadores que oficiaron como aliados circunstanciales están condicionados por la campaña, aunque podrían mostrarse más permeables en otros temas. “Es muy difícil que un radical te acompañe con los votos de las universidades cuando, además, no estaban los números. Pero para cosas más técnicas pueden estar más dispuestos a ayudar”, explicó un colaborador oficialista.

Por su parte, Francos sostuvo en declaraciones radiales: “Creo que los gobernadores o una mayoría de ellos nos han acompañado durante todo este primer periodo. Después, lógico, se fue complicando, pero mucho producto de los períodos electorales de cada provincia, de la necesidad nuestra de ir conformando una necesidad electoral y que hemos tenido choques producto de la situación política. Después de las elecciones tenemos el segundo mandato, y tenemos toda la intención de llegar a acuerdos que nos permitan avanzar en las leyes que el país necesita”.

Mientras tanto, el Gobierno sigue con atención la moción de censura contra el jefe de Gabinete por el decreto que suspendió la Ley de Emergencia en Discapacidad. Aunque algunos en el oficialismo creen que podría volver a ser designado si prospera la destitución, otros sectores descartan esa alternativa.

Una nueva cita del Consejo de Mayo

Hoy a las 10 tendrá lugar un nuevo encuentro del Consejo de Mayo, el ámbito multisectorial creado por Milei para reunir al Gobierno con dirigentes políticos, sindicales y empresariales con el fin de consensuar aspectos técnicos de las principales reformas de la segunda etapa de gestión.

Encabezará la reunión el propio Francos, acompañado por los consejeros designados: Federico Sturzenegger (Ejecutivo), Alfredo Cornejo (provincias firmantes del Pacto de Mayo), la senadora Carolina Losada (Senado), el diputado Cristian Ritondo (Diputados), Gerardo Martínez (UOCRA) y Martín Rappallini (UIA).

Se espera que esta edición convoque a más actores, incluyendo laboralistas y expertos económicos. El debate girará en torno a la reforma laboral, aunque, como es habitual, el hermetismo rodea las conversaciones internas. El eventual proyecto, según trascendidos, tendría como norte “bajar el costo argentino”.