El Presidente Javier Milei retomó su ofensiva contra la Corte Suprema. Luego del traspié con las candidaturas de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, el Ejecutivo optó por modificar su estrategia. Ahora busca consensuar con gobernadores y avanza en la conformación de un «paquete judicial» que incluya nuevos integrantes para el máximo tribunal, la cobertura de más de 150 cargos vacantes en el Poder Judicial y la designación de un nuevo Procurador General de la Nación.

En la Casa Rosada reconocen que es necesario un cambio de enfoque en las negociaciones con el Senado. Aunque existieron charlas, especialmente con sectores del peronismo, los acuerdos no prosperaron. Las posturas se endurecieron: mientras el PJ planteaba ampliar la Corte con magistrados afines, el oficialismo pretendía primero aprobar a Lijo y Mansilla y recién después debatir la ampliación. Ese plan quedó frustrado.

«Es el problema de la democracia. Necesitamos seis elecciones y sacar 50% en todas para tener recién dos tercios. No va a ocurrir y tardás 15 años en cambiar el Senado. Entonces necesitamos negociar con los tipos que están ahora», explicó uno de los encargados de las negociaciones por parte del Gobierno.

Desde el entorno presidencial consideran que el actual funcionamiento del sistema judicial y de la Corte Suprema resulta «inviable«. «Hay que dar solución integral ya a la Justicia, el 40% de la justicia federal está vacante. Hay que ocuparlos», enfatizaron. Recién ahora, en Balcarce 50 parecen haber comprendido que «es más fácil dar una discusión donde todos pueden ser felices».

Por ese motivo, la propuesta sería negociar de forma global todos los temas: la conformación de la Corte —sin descartar su ampliación—, el nombramiento de los jueces y fiscales que faltan y la elección del próximo Procurador General para concluir el mandato interino de Eduardo Casal. «Ya no nos parece inteligente negociar con cada uno de los 48 senadores. Hay que hacer un acuerdo macro y que cada uno ordene abajo su kiosko», comentó un operador judicial vinculado al oficialismo.

Fuentes del Ejecutivo confirmaron que ya se iniciaron conversaciones auspiciosas con distintos mandatarios provinciales con el objetivo de cubrir en primera instancia las vacantes judiciales en sus territorios. Esta movida también forma parte del acuerdo integral que se está gestando.

El objetivo del Gobierno es fortalecer su posición de cara a 2026, cuando se renueve la composición del Congreso. Aunque La Libertad Avanza estima duplicar su bloque en el Senado —pasando de seis a unos doce senadores—, todavía seguiría lejos de alcanzar la mayoría necesaria para avanzar sin alianzas.

«Hay que integrar la Corte como corresponde. Milei tiene candidatos. Cuando estén dadas las condiciones, avanzaremos. Ahora ya no se puede por decreto porque el Congreso está sesionando», señalaron desde el entorno más cercano al Presidente.

El intento fallido con Lijo y García Mansilla dejó pocas posibilidades de que vuelvan a ser propuestos. Además, generó tensiones entre Javier Milei y el principal impulsor de Lijo, el juez Ricardo Lorenzetti.

En paralelo, el Presidente ya analiza otros nombres como alternativas para ocupar cargos en la Corte Suprema: entre ellos se encuentran el exjuez Ricardo Rojas; Ricardo Ramírez Calvo, cercano a García Mansilla; Carlos Laplacette, del estudio Cassagne; y Alberto Bianchi, constitucionalista y socio de Santiago Castro Videla, actual Procurador General del Tesoro.