El texto del decreto aprueba el proceso de reforma y modernización, con los objetivos de «actualizar las facultades y estructura organizativa de la Fuerza para cumplir con su nueva visión y misión; priorizar y reasignar recursos conforme a las nuevas necesidades; fortalecer el sistema de recursos humanos con el fin de contar con personal competente, motivado y altamente capacitado; modernizar protocolos, procesos y mecanismos de articulación, en particular los referentes a investigación; adquirir y utilizar en forma efectiva las Tecnologías de la Información y Comunicación y Tecnología Forense; y fortalecer la gobernanza y liderazgo de la Fuerza».

También se ordena «redefinir el perfil del personal» de la PFA y «establecer un cronograma respecto de la cantidad máxima de suboficiales a incorporar anualmente; dicho número no podrá superar el de los ya incorporados en el año 2025 y deberá ser reducido progresivamente».

Además, se crea el programa presupuestario «Modernización de la Policía Federal Argentina» que tendrá por objetivo «la compra de bienes de uso, la adquisición o el desarrollo de soluciones tecnológicas, la realización de estudios y el rediseño de procesos para la modernización de la PFA».

La PFA podrá «registrar y calificar a las personas dedicadas a actividades que la policía debe reprimir» y realizar «tareas de prevención del delito en espacios públicos digitales, tales como redes sociales, sin necesidad de autorización judicial».

Según advirtieron especialistas, la fuerza podrá investigar no sólo a solicitud de la Justicia sino también del Ministerio de Seguridad.