El nuevo Plan de Inteligencia Nacional (PIN) impulsado por el gobierno de Javier Milei presenta marcadas diferencias respecto a los que elaboraron administraciones anteriores. Una de sus particularidades es el foco puesto en lo que algunos describen como una “batalla cultural por controlar el relato”, una consigna muy vinculada al ideario de la gestión libertaria.

Según pudo reconstruirse, tres fuentes que accedieron al texto elaborado por Sergio Neiffert, titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y alineado con el asesor presidencial Santiago Caputo, ratificaron esta orientación. Caputo es considerado una de las figuras clave del aparato comunicacional del oficialismo, definido incluso como uno de los principales “guerreros” del relato libertario.

Uno de los funcionarios que tiene contacto con personal que integra la SIDE describió el contenido del plan afirmando: “Hay títulos que son diferentes, con una naturaleza distinta a planes anteriores elaborados por otros gobiernos”. Y agregó: “Son lineamientos distintos a los habituales, como tratar de controlar el relato; hay un énfasis en eso con relación a planes anteriores”.

Un exintegrante del sistema de inteligencia, aún vinculado a ese universo, compartió una visión similar, aunque con algunos matices. En su opinión, “el PIN emana un tufillo a gobierno totalitario, a querer estar encima de los que piensan distinto”.

Las declaraciones coinciden con lo expuesto en la nota publicada el domingo, donde se informó que el Plan de Inteligencia Nacional del actual gobierno permitiría que agentes del Estado recolecten y procesen datos sobre periodistas, economistas y otros “actores” sociales que, mediante sus expresiones públicas o investigaciones, puedan “erosionar” la imagen del oficialismo o bien “manipular” la percepción social.

Luego de esa publicación, su autor, el periodista Hugo Alconada Mon, fue víctima de una campaña orquestada que incluyó intentos de hackeo y acciones intimidatorias.

El impacto de la revelación alcanzó también al Congreso, particularmente a la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organos y Actividades de Inteligencia, conducida por el senador Martín Lousteau (UCR-Capital).

La citación de Neiffert

Aunque aún no se fijó fecha concreta, fuentes legislativas indicaron que la Comisión podría reunirse la próxima semana para analizar la posible convocatoria a Sergio Neiffert y otros funcionarios de la SIDE, con el objetivo de que aclaren los alcances del plan.

Desde el Ejecutivo, la información fue parcialmente negada mediante un comunicado de la Oficina del Presidente, que fue replicado por Milei en su perfil de la red social X. Allí denunció que “el 90% de los periodistas” son “los mayores creadores de noticias falsas en la historia de la humanidad”.

En ese mismo texto oficial se sostiene que “este es el primer Gobierno en décadas que ha tomado la decisión política de no utilizar la SIDE para perseguir opositores, periodistas o adversarios políticos”. Además, se recalca que los contenidos del PIN son confidenciales y que sólo pueden ser conocidos por el Presidente, la SIDE y la bicameral del Congreso.

Desde el ámbito legislativo se explicó que la Comisión Bicameral no tiene que aprobar el PIN, ya que su presentación es una obligación legal a cargo del organismo de inteligencia. En este caso, la entrega se hizo con demoras, justificadas por la reestructuración de la SIDE que dispuso el Ejecutivo durante el año pasado. Si el contenido del plan genera dudas, los legisladores están habilitados para citar a los responsables del área y exigir explicaciones.

“El rol de la Comisión es que se cumpla la ley y la Constitución y ver la efectividad con la que se utilizaron los fondos”, señalaron, explicando que su función se asemeja a la de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, que audita los gastos del Estado una vez ejecutados.

Durante el año pasado, una asignación de $100.000 millones a la SIDE a través de un decreto de necesidad y urgencia generó controversia. Aunque el Senado la rechazó, la medida sigue vigente por falta de tratamiento en Diputados.

Todas las fuentes consultadas coincidieron en que el Plan de Inteligencia Nacional funciona como una hoja de ruta que marca las prioridades del organismo. Habitualmente, su foco se dirige a amenazas como el terrorismo o posibles operaciones de espionaje extranjeras dentro del país.

Sobre esto, un exagente de inteligencia explicó que el seguimiento más sensible debe centrarse en las llamadas “órdenes de búsqueda”, donde se especifica quiénes fueron objeto de tareas de inteligencia. Allí puede quedar constancia si los espiados fueron periodistas, opositores u otros referentes de la sociedad civil.