Luego del rechazo en la Cámara de Diputados al veto presidencial sobre las leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica, el vocero presidencial Manuel Adorni apeló a las equivalencias presupuestarias para justificar la decisión. “El monto anual del financiamiento universitario es de 1,9 billones de pesos. Si queremos financiarlo con otras partidas, deberíamos suspender, por ejemplo, el presupuesto total del Poder Legislativo por cuatro meses”, expresó.

El debate por las prioridades del gasto público se intensificó tras conocerse los detalles del proyecto de presupuesto 2026, que prevé un incremento del 20,1% para la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), mientras se proyectan recortes en áreas sensibles como comedores comunitarios, becas estudiantiles, salud y asistencia a provincias.

Según el informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el presupuesto para comedores y merenderos caerá 45% en términos reales respecto a 2023, mientras que el de la SIDE crecerá 18,8%. En números nominales, los fondos para inteligencia pasarán de $80.872 millones a $97.135 millones, con un aumento del 42% en gastos reservados, que alcanzarán los $5.666 millones. Estos ítems, que no rinden cuentas públicas, pasaron de representar el 4,1% del presupuesto del organismo en 2023 al 19,6% en 2026, con una variación acumulada de 2.838% durante la actual gestión.

En contraste, los comedores comunitarios recibirán $67.104 millones en 2026, $37 mil millones menos que la SIDE. El Gobierno reconoció, en respuesta a un pedido de acceso a la información pública de la diputada Natalia Zaracho (Unión por la Patria), que las auditorías que justificaron la suspensión de asistencia a algunos comedores “son inexistentes”.

Además, el presupuesto para asistencia financiera a provincias y municipios se reducirá 99,9% respecto a 2023, el de asignaciones familiares caerá 87,5%, el de becas estudiantiles bajará 76,3%, y el del Ministerio de Salud tendrá una contracción del 32%, pese a los anuncios presidenciales sobre su fortalecimiento.

El informe del CEPA advierte que, si la recaudación mejora, el Gobierno planea bajar impuestos, pero si cae la economía, se ajustarán las partidas de gasto discrecional, como salud y educación. Esta dinámica ya se aplicó en cuatro ocasiones durante 2025, sin presupuesto aprobado.