La posibilidad de que Cristina Kirchner quede detenida esta semana desató tensiones entre el Poder Judicial, el Gobierno y el kirchnerismo. Mientras en Comodoro Py se discute cómo ejecutar la sentencia por la causa Vialidad, en la Casa Rosada temen una movilización callejera de gran magnitud, prevista para este miércoles, que busca acompañar a la expresidenta si debe presentarse en tribunales.

Los jueces del Tribunal Oral Federal N° 2 —Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso— evalúan cómo notificar a Cristina sobre su detención sin desatar un caos político. Aunque el tribunal ya había informado por oficio que debía concurrir personalmente a Comodoro Py para que le tomen las huellas y se registre su ingreso al sistema penitenciario, en las últimas horas cobraron fuerza alternativas menos disruptivas. Una de ellas incluye la notificación por Zoom, opción que permitiría evitar su traslado físico.

Esa decisión no respondería directamente a una sugerencia del Gobierno, sino a la necesidad de mantener el orden público. “Son jueces lógicos, tratarán de evitar que vaya a tribunales”, afirmó una fuente del Poder Ejecutivo. Un funcionario judicial cercano al tribunal sostuvo lo mismo. Sin embargo, los jueces no confirmaron cambios en los plazos ni en la modalidad de presentación.

A pesar de eso, desde el tribunal le pidieron formalmente a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que refuerce la custodia en los alrededores de Comodoro Py este martes y miércoles. Para esos días están previstas las detenciones de Cristina Kirchner, José López, Nelson Periotti y otros seis condenados, algunos de los cuales también solicitaron la prisión domiciliaria.

El pedido de arresto domiciliario que presentó la expresidenta se basa en su edad —cumplió 72 años— y en razones de seguridad. Su abogado, Alberto Beraldi, advirtió que su vida podría correr peligro en una cárcel común y recordó el intento de magnicidio que sufrió en 2022. La solicitud apuntó a que se le conceda una prisión domiciliaria provisoria mientras se resuelve el pedido definitivo. Pero el tribunal rechazó ese planteo al considerarlo una forma encubierta de suspender la ejecución de la pena.

Pese al rechazo, la discusión sobre la modalidad de su detención seguía abierta. Los jueces analizaban permitirle el cumplimiento de la pena en su departamento de Constitución, con un régimen flexible que le permita expresarse por redes sociales y mantener apariciones públicas como hasta ahora.

Por su parte, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola ya se inclinaron por rechazar el pedido. De todos modos, la decisión final recae sobre el tribunal.

Mientras tanto, el kirchnerismo prepara una de las movilizaciones más grandes de los últimos años. La senadora Teresa García lo confirmó este domingo: “La marcha se hace el miércoles. Está convocada a primeras horas de la mañana. Después tendremos certeza de a qué hora es y vamos a estar preparados. Hay que tener en cuenta que hace unos 10 días los medios de comunicación del Grupo Clarín, La Nación y AEA jugaron durante una semana con que la iban a meter presa, pero no se sabía cuándo. Fueron y vinieron en una suerte de mareo, y finalmente lo hicieron. Yo creo que hay que estar preparados, muy preparados para el miércoles. Preparados desde la mañana a acompañarla donde sea, sea en Comodoro Py, donde sea vamos a estar con ella”.

En Balcarce 50 hay inquietud por el impacto que pueda tener la marcha. Una fuente cercana al asesor presidencial Santiago Caputo admitió que “esto es un cisne negro, básicamente porque tenemos control cero de la situación”. El oficialismo busca evitar una imagen de desborde. Por eso, Caputo y el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, mantuvieron conversaciones con sectores del Poder Judicial para intentar una salida que desactive la tensión.

Los jueces, por su parte, tampoco tienen una postura uniforme. Jorge Gorini, presidente del tribunal, suspendió una licencia para mantenerse disponible. Intentó contener las posiciones más duras de sus colegas Giménez Uriburu y Basso, quienes arrastran viejos enfrentamientos con el kirchnerismo y, en algún momento, llegaron a considerar negarle la prisión domiciliaria.

En Comodoro Py la presión también llegó desde dentro. Un juez federal sostuvo en privado que “hay mucha preocupación en todo el edificio de Comodoro Py, son varios los jueces y fiscales que están pidiendo que se dejen de joder y le den la domiciliaria rápido a Cristina”.

Mientras se acumulan señales en favor de una salida negociada, el tribunal reforzó la seguridad para el sexto piso de Comodoro Py, donde se prevé que se definan las detenciones. El oficio enviado a Bullrich el sábado indicó que las medidas de seguridad deben contemplar tanto la concreción de las detenciones como la posibilidad de manifestaciones masivas. La decisión que tomen los jueces este martes podría cambiar el escenario político del miércoles. Y también, el rumbo de una de las semanas más tensas del año.