El Gobierno nacional comenzará a implementar desde el 6 de enero un programa piloto de vouchers de capacitación con el que busca avanzar en el reemplazo de los planes sociales. La iniciativa estará a cargo del Ministerio de Capital Humano y se pondrá en marcha con un curso dictado por la empresa Sinteplast, destinado a beneficiarios del programa Volver al Trabajo.

Según informó la cartera que conduce Sandra Pettovello, la experiencia inicial alcanzará a 20 personas desocupadas, que recibirán formación como pintores de obra en un Centro de Formación ubicado en el barrio porteño de La Paternal. El curso tendrá dos módulos de ocho clases cada uno, a lo largo de dos meses, y la empresa aportará los materiales sin costo para el Estado.

Desde el Gobierno presentan el esquema como un “cambio de paradigma”, orientado a mejorar la empleabilidad y permitir que los titulares de planes sociales pasen “de la asistencia al trabajo”. Sin embargo, por ahora se trata de una experiencia acotada y sin garantías de inserción laboral: las empresas participantes no descartan contratar a quienes se capaciten, pero tampoco lo aseguran.

El anuncio se da en un escenario adverso para el mercado laboral. De acuerdo con informes de consultoras privadas, durante la gestión de Javier Milei se perdieron alrededor de 280 mil empleos registrados, mientras crece la informalidad. A la par, los planes sociales permanecen congelados desde el inicio del gobierno, con un monto mensual de 78 mil pesos, una cifra que las organizaciones consideran insuficiente incluso como asistencia básica.

Los vouchers ya habían sido anticipados por Pettovello en ámbitos empresariales como el coloquio de IDEA, donde mencionó la participación de compañías como Arcos Dorados, operadora de McDonald’s, además de Sinteplast. La lógica oficial es que la capacitación esté alineada con demandas reales del sector privado, tanto en áreas productivas como de cuidados, vinculadas a los programas Volver al Trabajo y Acompañamiento Social.

El plan se apoyará en un Centro de Formación propio del ministerio, montado en un predio de cuatro hectáreas sobre la calle Paz Soldán al 5200. Allí funcionaba históricamente un instituto de minoridad, cuyos programas fueron dados de baja este año. El edificio fue refaccionado y reconvertido en un polo tecnológico y de oficios, con colaboración de la Bolsa de Comercio.

Las organizaciones sociales reaccionaron con fuertes críticas. Desde la UTEP, Nicolás Caropresi sostuvo que el problema no es la capacitación sino la falta de empleo: “Con este gobierno se han perdido unos 250 mil puestos de trabajo. No hay políticas económicas y productivas que generen empleo formal”. En la misma línea, Eduardo Belliboni, del Polo Obrero, calificó la propuesta como un “chamuyo” repetido y advirtió que, sin reactivación económica, no habrá nuevas contrataciones.

También Silvia Saravia, de Libres del Sur, cuestionó que el sistema de vouchers implique trasladar fondos públicos a empresas privadas mientras se profundiza el abandono en los barrios populares. Para la dirigente, la iniciativa refleja un desconocimiento de la realidad territorial y no responde a la emergencia social que atraviesan los sectores más vulnerables.

Así, entre promesas de modernización y un mercado laboral en retroceso, el Gobierno pone en marcha un experimento que busca marcar el fin de los planes sociales, pero que todavía despierta más dudas que certezas.