La protesta del sindicato de Camioneros debido a las dificultades en su negociación salarial ha puesto de relieve una práctica extendida por parte del Gobierno: una omisión deliberada de su papel de supervisión en las negociaciones salariales, lo que permite a los empleadores limitar los aumentos acordados por las propias asociaciones sectoriales. Esta estrategia ha sido observada no solo en el sindicato liderado por Hugo y Pablo Moyano, sino también en otros sectores como alimentación, textiles, encargados de edificios, plástico, aceiteros, molineros, mineros y pasteleros, entre otros. Incluso un grupo de organizaciones del sector industrial está preparando una presentación judicial contra el gobierno libertario debido a esta omisión.

La Secretaría de Trabajo ha reconocido la falta de homologaciones, atribuyéndola a razones administrativas. Debido a la aceleración de la inflación, el proceso de legalización de las negociaciones ha pasado de ser anual por cada sindicato a ser bimestral e incluso mensual. Esta situación ya venía ocurriendo durante la gestión de Alberto Fernández y se ha intensificado con la devaluación bajo el mandato de Javier Milei y Luis Caputo.

«Los que tienen techo son los salarios«, expresó Andrés Rodríguez, líder del sindicato de estatales de UPCN, durante el evento organizado por Amcham este martes. Este comentario reflejó el creciente malestar que ha surgido en la cúpula de la CGT en su enfrentamiento abierto con el gobierno de Javier Milei en la última semana. A pesar de la presión oficial para la reforma laboral y la inminente designación de un representante de Techint y la UIA como titular de la Secretaría de Trabajo, el descontento sindical no se explica fácilmente. La principal causa del malestar tiene efectos inmediatos: la decisión del gobierno libertario de no validar los acuerdos salariales cerrados en el sector privado, lo que ya amenaza con afectar los aumentos pactados en las negociaciones entre empresas y sindicatos.

La preocupación se intensificó hace unas semanas cuando el ex secretario de Trabajo, Omar Yasin, decidió retrasar la validación por parte de las autoridades laborales de un acuerdo firmado por Hugo y Pablo Moyano en nombre del sindicato de Camioneros con las cámaras empresariales. Aunque oficialmente se argumentó que algunos sectores empresariales se oponían a ciertos puntos del acuerdo, fuentes cercanas a Yasin indicaron que la no validación del convenio fue una decisión directa del ministro de Economía, Luis Caputo. «La orden de Caputo es no aprobar aumentos superiores al 14% en marzo y al 9% en abril», explicaron funcionarios del Ministerio de Trabajo.

El acuerdo alcanzado por los Moyano preveía un aumento del 25% para marzo y otro del 20% para abril, y ya han anunciado posibles conflictos en el transporte de cargas si las empresas no cumplen con el aumento acordado a tiempo. Este caso no es único. Varias actividades que acordaron aumentos salariales por encima de los límites establecidos por Caputo han enfrentado la misma falta de validación. Entre ellas se encuentran el sector de carga y descarga, que acordó un aumento del 17% más una cláusula gatillo por inflación para marzo; los trabajadores gráficos, que acordaron un aumento del 20% para este mes; y los encargados de edificio, que acordaron un aumento del 45% desde febrero. «Hay algunos acuerdos que nunca serán validados«, aseguraron fuentes del Ministerio de Trabajo en referencia al aumento negociado por el Suterh, el sindicato de Víctor Santamaría.

La novedad de la última semana, que ha exacerbado las tensiones en la CGT, fue la decisión de las autoridades laborales de no validar los convenios firmados entre enero y principios de febrero, antes de que se comunicara informalmente el límite impuesto por Caputo. «Nada se está validando, excepto en el sector público. Esto va a causar problemas», advirtió un líder sindical de la CGT.

El sindicato de Comercio, que representa a más de 1,2 millones de trabajadores, es uno de los afectados: el acuerdo de febrero, que estableció un aumento salarial del 17,6%, no ha sido validado por Trabajo. «Prometen negociaciones colectivas libres que luego no validan. La mayoría de las empresas pagan el aumento como un adelanto, pero en algunas regiones del país hay comercios que han decidido no pagar hasta que el acuerdo sea validado. Lo mismo está sucediendo en otros sectores», señalaron fuentes cercanas a Armando Cavalieri, líder del sindicato mercantil.

Gerardo Martínez, líder de la Uocra, tampoco logró que las autoridades laborales validaran el último acuerdo alcanzado con la Cámara de la Construcción (Camarco), que establecía un aumento del 14% para febrero en medio de la profunda crisis que atraviesa el sector, con más de 50.000 empleos directos perdidos debido al parón en la obra pública.

La situación se repite en varios sectores, como la industria alimentaria, las fábricas textiles, el sector bancario, la producción molinera, el sector del vidrio, el plástico, los acuerdos de la UOM con el sector siderúrgico y metalúrgico, los pasteleros, los gastronómicos, entre otros. Curiosamente, incluso el sector aceitero, que alcanzó un acuerdo en enero con un aumento del 41% para el primer bimestre y que volverá a negociar un nuevo aumento en las próximas semanas, no ha logrado que su acuerdo sea validado. «Hay una clara intención política de devaluar los salarios, por eso no están validando nada«, acusaron desde el sindicato dirigido por Daniel Yofra.

Los sindicatos señalan que, según la ley, las autoridades laborales tienen un plazo máximo de 30 días para validar los convenios, tras lo cual se considera una validación tácita, como ocurrió en el caso del acuerdo de los encargados de edificio liderado por Santamaría. Sin embargo, también advierten que muchas empresas se amparan en la falta de validación por parte de Trabajo para no pagar los aumentos acordados, obligando a los sindicatos a recurrir a la justicia para exigir su cumplimiento, lo que resulta en demoras habituales en los tribunales.

Para Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA, esta situación representa «un claro ataque a la negociación colectiva», y sugiere que detrás de la decisión del gobierno de no validar los acuerdos hay una intención implícita de permitir a los empleadores no pagar hasta que los acuerdos sean validados, financiándose a expensas de los salarios de los trabajadores.

Otro afectado por esta situación es Héctor Daer, co-líder de la CGT, que tras un paro general en el sector asistencial, acordó un aumento acumulativo del 45,6% en dos etapas para los trabajadores de la salud. Sin embargo, diversos centros médicos y clínicas del interior del país optaron por no abonar el aumento a la espera de que sea validado, denunciaron desde el sindicato.