El Gobierno Nacional dio por finalizada la emergencia laboral y por este motivo desde la cartera encabezada por Claudio Moroni, decidieron no renovar el decreto de la Doble indemnización.
Esta mañana en conferencia de prensa, Gabriela Cerruti, portavoz presidencial confirmó que no se renovará el decreto por la doble indemnización, “tenía que ver con la crisis provocada con la pandemia”, aseguró la funcionaria en su habitual rueda de prensa de los jueves.
“La doble indemnización fue una medida que se tomó de emergencia y que tenía que ver con la crisis provocada con la pandemia”, afirmó Cerruti ante la consulta sobre este decreto, que establecía que en caso de despido las empresas debían indemnizar a sus empleados y además brindar un porcentaje extra a los afectados.
Según se había indicado se trataba de un “esquema de porcentajes de adición de las indemnizaciones debidas que regirán a partir de enero de 2022, con un porcentaje del setenta y cinco (75%) durante el primer bimestre del año, y luego, en forma bimestral, reducciones del veinticinco por ciento (25%) para llegar al último bimestre, que finalizará el 30 de junio de 2022, con un incremento que asciende a un cuarto de la indemnización debida”
“La verdad es que tenemos números de empleo que muestran que el desempleo sigue bajando, que se siguen creando empleos, 20.000 por mes. Ese crecimiento del empleo nos permite considerar que hay una nueva situación en la que lo que tenemos que seguir haciendo es promover la creación de empleo formal y las mejores paritarias”, comentó Cerruti en conferencia.
El objetivo de la “doble indemnización” fue evitar que las empresas echaran personal durante la recesión de 2019, primero, y luego en momentos en que la pandemia de Covid-19 impactaba con fuerza en el empleo.
Ante esta situación, Héctor Recalde, ex diputado nacional y abogado laboralista, fue crítico de la medida tomada, ya que “las causas que le dieron origen no sólo no cesaron, sino que en algunos sectores, se agravaron”, afirmó en su cuenta de Twitter.
Sindicatos aliados del oficialismo, como Suteba, la CTA o los canillitas también cuestionaron la medida.
