En medio de las negociaciones por la reforma laboral que comenzará a debatirse en el Congreso, el Gobierno activó una ronda de contactos con los principales empresarios de medios de comunicación. La convocatoria apunta a los dueños y editores de las compañías periodísticas y se realizará la semana próxima, en la antesala de una discusión que incluye la posible derogación del Estatuto del Periodista Profesional, una demanda histórica de parte del sector empresario.

El llamado fue impulsado por la senadora oficialista Patricia Bullrich, a través de las entidades que agrupan a los editores de medios de todo el país. Según confirmaron fuentes oficiales, el encuentro está previsto para el miércoles próximo en el Senado y se organizó con un alto nivel de reserva.

La reunión forma parte del esquema de reparto de roles que diseñó el oficialismo para encarar el tratamiento parlamentario del proyecto. Mientras el ministro del Interior, Diego Santilli, quedó a cargo de las gestiones con los gobernadores, con la promesa de fondos y eventuales modificaciones en el capítulo impositivo de la iniciativa, Bullrich asumió la tarea de dialogar con la CGT —contacto que aún no se concretó— y ahora también con las empresas periodísticas.

El antecedente inmediato de este debate se remonta a septiembre pasado, cuando el Gobierno de Javier Milei, a partir de una propuesta del Grupo Clarín, planteó la eliminación del Estatuto del Periodista en el ámbito del Consejo de Mayo, cuyas deliberaciones se establecieron como confidenciales. En aquella oportunidad, el representante de la CGT, Gerardo Martínez, rechazó la iniciativa y el tema no avanzó. Sin embargo, la reforma laboral presentada posteriormente incorporó la derogación de varios estatutos especiales, entre ellos el del Periodista, que prevé un suplemento indemnizatorio para los despidos sin causa, pensado originalmente para proteger a los trabajadores de prensa frente a presiones externas e internas.

El Estatuto, vigente desde 1946, incluye una serie de disposiciones que históricamente fueron cuestionadas por grupos mediáticos como Clarín y Perfil. Entre los puntos más resistidos figuran el recargo indemnizatorio —que suele calcularse en torno a diez salarios adicionales— y un período de prueba de 30 días, inferior a los seis meses que comenzaron a regir en 2024 tras la sanción de la ley Bases, además de determinadas categorías laborales. La convocatoria impulsada por Bullrich incluye a editores agrupados en entidades como Adepa y Aedba.

La inclusión de este capítulo en la reforma laboral generó un rechazo inmediato y unificado en los gremios de periodistas, tanto sindicatos como Sipreba como asociaciones como Fopea. En contraste, hasta ahora prevaleció el silencio de las organizaciones que representan a los empresarios del sector. También llamó la atención la falta de definiciones públicas de los funcionarios encargados de defender el proyecto desde que ingresó al Congreso, un mutismo que se mantiene hasta el momento.

El Estatuto del Periodista Profesional fue creado en marzo de 1944 por el entonces secretario de Trabajo, Juan Perón, durante el gobierno de Edelmiro Farrell, y quedó ratificado dos años y medio más tarde mediante la ley 12.908. La norma regula la matriculación de los trabajadores de medios, fija las jornadas laborales, los descansos y las vacaciones, define las categorías profesionales y los regímenes salariales, y establece los mecanismos de ingreso. No obstante, el aspecto más cuestionado por las patronales de prensa es el referido a la estabilidad laboral y a la ruptura del contrato de trabajo.

Debido a que se trata de una actividad expuesta de manera permanente a presiones políticas y económicas, el Estatuto establece una protección adicional respecto del resto de los trabajadores. “La estabilidad del periodista profesional, cualquiera sea su denominación y jerarquía, es base esencial de esta ley, siempre que no estuviera en condiciones de obtener jubilación completa y salvo las causas contempladas en la misma”, señala el texto en su introducción.

En los casos de despido sin causa, el artículo 43 obliga al empleador a notificar con uno o dos meses de anticipación, según la antigüedad del trabajador, y a abonar “una indemnización sustitutiva equivalente a dos o cuatro meses de retribución, según sea la antigüedad)” junto con “de un mes de sueldo por cada año trabajado o fracción mayor de tres meses” ante una cesantía injustificada. Además, el inciso “d” suma, sin afectar los pagos ya garantizados, “una indemnización especial equivalente a seis meses de sueldo”.