Alberto Fernández decidió frenar la compra masiva de alimentos con sobreprecios que estaba destinada a sectores carenciados. Los productos estaban cotizados a precios mayores a los del mercado. El Presidente ordenó que el Estado sólo pagará lo que corresponda al precio máximo fijado. Por último, el mandatario respaldó al ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, el principal apuntado por la polémica.

“Esta compra que se hizo todavía no se pagó. Di la orden de que ninguna compra se pueda hacer sin respetar los precios máximos que el Estado fija. No puede ser que alguien se plante al Estado en el momento de crisis que estamos viviendo”, expresó el jefe de Estado.

Fernández también anunció que en el Ministerio de Desarrollo Social se abrió una investigación para determinar cómo se accedió a pagar una partida de alimentos con precios por encima de los de referencia que fija el Gobierno. Y en un abierto respaldo al ministro Arroyo dijo que “siempre confié en él y nunca dudé de su honestidad”.

En Casa Rosada se inició una investigación del tema donde no descarta sancionar a las empresas que pusieron precios por encima del valor de mercado para proveer al Estado en este momento de emergencia.

Forain SA, Teylem SA, Copacabana SA, Sol Ganadera SRL, MH Accurso SRL y Alimentos Generales SA son las empresas que quedaron bajo la lupa del gobierno tras haberse negado a bajar sus precios a pedido del Estado.

La dos primeras (Forain SA y Teylmes) pertenecen a un grupo empresario cuyos dueños son Víctor Lusardi y Eduardo Enrique Martínez. Grupo L mantuvo fuertes vínculos con el Estado de la Provincia de Buenos Aires cuando María Eugenia Vidal era la gobernadora. Pero también se había hecho de múltiples negocios con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y distintas intendencias bonaerenses de Cambiemos.

La expansión de la empresa fue a partir de los gobiernos de Macri. Principalmente del porteño. Y desde ahí se expandió. Incluso también a otras esferas del Estado.

Uno de los principales pagos fue por la provisión de comida en hospitales, cárceles, hogares y casas de abrigo. En esa torta millonaria también entran Equis Quince SA y Blue Catering, cuya presidencia está a cargo de Eduardo Enrique Martínez, y tiene a Víctor Lusardi en el directorio.

Martínez es un hombre de confianza de los Lusardi y, como tal, fue aportante del PRO en 2015, año clave para el proyecto político de Mauricio Macri y compañía.

Lusardi además es presidente de Cook Master, histórico ganador de licitaciones alimentarias durante el gobierno de Vidal.  En 2017 dos de sus empresas fueron denunciadas en la justicia por la supuesta compra fraudulenta por parte del gobierno de María Eugenia Vidal de un lote de pan dulces que se repartieron en la Navidad de 2016 con un sobreprecio del 145%.

Lusardi fue beneficiado también por intendencias de Juntos por el Cambio. Es el caso de Ramiro Tagliaferro, en Morón entre 2015 y 2019. Cuatro empresas del Grupo L de Lusardi (Teylem S.A, Equis Quince, Blue Cátering y Bagalá) se repartieron el millonario negocio de proveer de comida a las escuelas provinciales de Morón.

DESARROLLO SOCIAL

Las organizaciones sociales negaron que desde sus espacios se hayan difundidos las resoluciones con las compras que pusieron bajo la lupa a Daniel Arroyo y a sus funcionarios.

Fernando “Chino” Navarro, funcionario y referente del Movimiento Evita, afirmó: “Confío en la honestidad de Arroyo. Habría que investigar si no hay algún eslabón corrupto que aprovechó la urgencia para beneficiarse”.

Las organizaciones sociales negaron que ellos hayan difundido las resoluciones con las compras.