La Secretaría de Industria y Comercio, bajo el Ministerio de Economía, imputó a 95 empresas de servicios públicos por incluir tasas municipales en sus facturas, un concepto ajeno al contrato directo entre proveedor y consumidor. Esta práctica, ahora prohibida, contradice lo dispuesto en la resolución 267/2024, que impide el cobro de tasas como alumbrado, barrido y vigilancia en boletas de servicios esenciales y que puede resultar en multas de hasta $2.130 millones.

Las imputaciones se refieren a facturas con vencimiento posterior al 11 de octubre, fecha en la que entró en vigencia la resolución. Según esta normativa, “la información contenida en los comprobantes emitidos por los proveedores de bienes y servicios debe referirse exclusivamente al bien o servicio contratado por el consumidor”. De acuerdo a lo previsto en el artículo 47 de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, las infracciones podrán ser sancionadas con severas penalidades económicas.

Expedientes abiertos en todo el país

Hasta el momento, se han abierto 244 expedientes vinculados a estas imputaciones, abarcando diversas localidades de Ciudad de Buenos Aires y 18 provincias como Buenos Aires, Misiones, San Juan, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Santa Cruz, Chubut, Chaco, Jujuy, Neuquén, Río Negro, Mendoza, Corrientes, Tierra del Fuego, Salta, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán.

Las empresas notificadas tendrán cinco días hábiles para presentar su descargo. Una vez cumplido ese plazo, la Secretaría de Industria y Comercio, a cargo de Pablo Lavigne, evaluará la aplicación de sanciones.

Reclamo de intendentes por financiamiento

La medida genera preocupación en varios municipios que han utilizado históricamente las facturas de servicios públicos para recaudar tasas municipales destinadas a financiar seguridad, alumbrado público y espacios verdes. Desde el sector de los intendentes se advierte que esta fuente de ingresos es crucial para responder a demandas urgentes de la población y sostener estos servicios.