El Gobierno nacional avanzó con una nueva prórroga del esquema destinado a saldar compromisos con las provincias y volvió a esquivar definiciones concretas sobre el pago de esas obligaciones. La decisión dejó en evidencia la intención oficial de estirar los tiempos y evitar un desembolso inmediato, en medio de un escenario de creciente tensión política y social.

A través del Decreto 171/2026, la administración de Javier Milei extendió y reformuló el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas. La medida abrió un nuevo período para que las jurisdicciones se sumen al sistema. En la práctica, el cambio permitió al Ejecutivo ganar margen y sostener la negociación sin resolver el fondo del conflicto.

Desde el oficialismo defendieron la iniciativa y afirmaron que apunta a construir un vínculo más equilibrado con los gobernadores. En ese marco, sostuvieron que el objetivo es «caminar junto con los gobernadores hacia un verdadero federalismo». Sin embargo, la falta de precisiones sobre los montos y los plazos reales de pago volvió a generar cuestionamientos.

El esquema ya había generado resistencias en varias provincias. Distintos mandatarios advirtieron que el mecanismo no detalla con claridad qué deudas se incluirán ni cómo se calcularán. También cuestionaron la ausencia de diálogo previo y remarcaron que persisten reclamos por transferencias, fondos coparticipables y compromisos previsionales.

Lejos de resolver esas tensiones, la prórroga reforzó la percepción de que la Nación busca postergar definiciones clave. El nuevo plazo otorgó 60 días hábiles para que las provincias manifiesten su adhesión ante la Secretaría de Hacienda, lo que prolongó el proceso administrativo sin garantizar avances concretos.

Uno de los ejes centrales del régimen es la posibilidad de cancelar deudas mediante activos en lugar de dinero. El Gobierno insistió con la opción de transferir bienes como tierras, rutas o empresas públicas. Esta alternativa generó reparos en varias jurisdicciones, que reclamaron mayor previsibilidad y recursos líquidos para afrontar sus gastos.

En el plano técnico, la normativa fijó como fecha límite el 31 de diciembre de 2027 para presentar documentación respaldatoria. También estableció instancias de negociación en caso de اختلافs, con plazos que pueden extenderse hasta 180 días hábiles. El Ministerio de Economía quedó a cargo del proceso, con intervención de organismos de control solo en casos específicos.

Hasta ahora, un grupo reducido de gobernadores aceptó incorporarse al régimen. Entre ellos figuran mandatarios de Salta, Catamarca, Chubut, Misiones, La Pampa, Santa Cruz, Tucumán y Corrientes. El Ejecutivo buscó ampliar ese número con la prórroga, pero el clima de desconfianza persiste y complica la estrategia oficial.

En ese contexto, la relación entre Nación y provincias continuó atravesada por reclamos cruzados. Mientras el Gobierno insistió con su plan de orden fiscal, las jurisdicciones exigieron certezas sobre recursos que consideran propios. La negociación siguió abierta, aunque sin señales claras de resolución en el corto plazo.