El recorte en el Programa Nacional de Cuidados Paliativos pone en riesgo la atención de pacientes con enfermedades terminales. Denuncian despidos, suspensión de la provisión de opioides y el abandono de una política clave en la lucha contra el dolor severo.
Profesionales de la salud y organizaciones del ámbito de los cuidados paliativos han denunciado el desmantelamiento del Programa Nacional de Cuidados Paliativos, que, según denuncian, ha sufrido recortes significativos y despidos de personal. La medida afecta a un sector esencial para el alivio de los dolores en personas que atraviesan la última etapa de su vida debido a enfermedades como el cáncer. Entre las principales críticas se destaca la suspensión de la compra de opioides, como morfina y metadona, cruciales para el tratamiento del dolor severo.
Mariana Pechenik, médica y actual referenta del Programa, explicó en redes sociales que se ha suspendido la compra de opioides, y que además se produjeron despidos dentro del equipo de trabajo del Instituto Nacional del Cáncer (INC). Según Pechenik, esta situación afectará gravemente a los pacientes que necesitan cuidados paliativos en todo el país, y es un claro retroceso en la lucha contra el sufrimiento de quienes padecen enfermedades terminales.
El Programa, que fue un avance en la atención de pacientes con enfermedades crónicas avanzadas, logró en su momento que la Argentina fuera reconocida a nivel mundial por su enfoque en los cuidados paliativos. Sin embargo, tres años después de la sanción de la Ley Nacional de Cuidados Paliativos, los recortes y el desmantelamiento del programa están generando gran preocupación en el sector.
La Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos (AAMyCP) expresó su alarma ante la falta de respuesta oficial del gobierno, a pesar de los esfuerzos por obtener información sobre la situación. Silvina Dulitzky, presidenta de la AAMyCP, alertó sobre el impacto que tendrá este recorte en la provisión de opioides y en la formación de recursos humanos en el área, lo que podría derivar en más sufrimiento para los pacientes.
Además, la medida se enmarca en un ajuste general en el Ministerio de Salud, que ha implicado el despido de más de 1400 trabajadores y el vaciamiento de áreas clave como la de tuberculosis, HIV y vacunas. A esto se suman los problemas de desabastecimiento de medicamentos esenciales, como la medicación inmunosupresora para pacientes trasplantados, que afectan a miles de personas.
Los profesionales y organizaciones que defienden el acceso a la salud pública están convocando a una marcha el próximo 27 de febrero en defensa de los derechos sanitarios y en rechazo a los recortes en el sector.
Desde el Ministerio de Salud, no se emitieron respuestas sobre las denuncias del desmantelamiento del Programa de Cuidados Paliativos, lo que incrementa la preocupación por el futuro de este servicio vital para quienes enfrentan el final de su vida con dolor.
