En un intento por poner fin a la polémica que sacudió al oficialismo, el Gobierno nacional afirmó haber identificado a la persona que registró el video del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, antes de subir a un avión privado rumbo a Punta del Este durante el último fin de semana largo de Carnaval. El episodio generó malestar puertas adentro y abrió interrogantes sobre el origen del material.

Según la versión oficial, se trataría de Victoria Correa, delegada gremial de la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa), quien trabaja en el Aeropuerto de San Fernando desde 2019. Su nombre surgió tras varios días de versiones cruzadas en torno a quién había captado y difundido las imágenes.

El video, en el que se observa a Adorni junto a su familia sobre la pista, se viralizó días después de haber sido grabado y fue leído como un contraste con el discurso de austeridad impulsado por el Gobierno. Ese tiempo entre la filmación y su circulación alimentó sospechas sobre una posible filtración desde el seno del oficialismo.

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En ese marco, el propio funcionario había advertido que el registro debía provenir de áreas restringidas. «Tenemos un problema interno», reconoció en medio de la incertidumbre, mientras distintas hipótesis comenzaban a circular en despachos oficiales.

Durante esos días, se barajaron distintos nombres como posibles responsables. Entre ellos, el asesor presidencial Santiago Caputo y la senadora, Patricia Bullrich, aunque ambas versiones fueron rápidamente desestimadas por falta de pruebas. Incluso se llegó a mencionar la posibilidad de espionaje interno, algo que descartaron desde el Gobierno.

Con el correr de la investigación, el foco se posó sobre Correa. De acuerdo con fuentes oficiales, habría sido identificada a partir de testimonios de compañeros de trabajo que aseguraron haberla visto grabando el momento en el que Adorni permanecía en la pista.

Desde el Gobierno también intentaron vincularla con el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), espacio referenciado por el diputado Nicolás del Caño. Sin embargo, desde ese sector rechazaron la acusación y la calificaron como «ridícula«, al considerar que se trata de una maniobra para correr el eje de la discusión.

Por el momento, no hay indicios de que la grabación o su difusión configuren un delito penal. No obstante, el episodio dejó al descubierto la fragilidad interna del oficialismo frente a situaciones que tensionan su discurso público y reavivó las disputas dentro del propio Gobierno.