El Poder Ejecutivo decidió revertir lo decidido luego de que un grupo de compañías de seguros se había organizado para dejar de prestar el servicio simultáneamente a partir del 1 de julio, es decir, 23 días antes de la fecha máxima que indicaba la resolución.

A cambio de la decisión, se había decidido emitir una declaración en las pólizas que sería de entre $600 y $800 para quedar cubiertos posibles acciones legales de usuarios.

El 28 de mayo, la Asociación de Consumidores y Usuarios de la Argentina (Acuda) había dado inicio a una acción colectiva contra la Superintendencia por resolución que afectaba los derechos de los consumidores. También había presentado una solicitud de medida cautelar para que se mantengan los servicios en las condiciones anteriores a la entrada en vigor.