El Gobierno intensifica su enfrentamiento con Clarín. Un día después de que el grupo de medios adquiriera la filial argentina de Telefónica, diversas voces oficiales adelantaron que la medida será una «decisión política» y que todo está encaminado para que el Enacom rechace la operación.

Uno de los funcionarios encargados de salir al cruce en esta disputa con Clarín es Darío Genua, Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, quien tiene bajo su órbita al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), actualmente dirigido de manera interina por el interventor Juan Martín Ozores.

Siguiendo la línea del Gobierno, Genua lanzó duras críticas contra el Grupo Clarín. Su intervención estuvo guiada por cuatro puntos clave: explicar lo sucedido, cuestionar el poder monopólico del holding y los beneficios que recibió del Estado, detallar qué administraciones le otorgaron esos privilegios y, por último, exponer cómo una maniobra de este tipo podría impactar en la inflación.

«Puedo hacer un recuento: desde el momento de la dictadura con Papel Prensa, los permisos del gobierno radical para sumar radios, Canal 13 durante los 90, la pesificación de la deuda en la época de Duhalde, la fusión de Multicanal durante el kirchnerismo, de Telecom-Cablevisión con Macri. Este gobierno es el único que no hizo nada de eso», señaló Genua en diálogo con El Observador.

Este lunes, el Grupo Clarín, a través de Telecom, concretó la adquisición de las operaciones argentinas de Telefónica en el país por un total de 1.245 millones de dólares. La empresa española decidió vender su filial argentina como parte de una estrategia para centrarse en el mercado europeo, lo que despertó el interés de diversos inversores internacionales.

La operación provocó una respuesta inmediata del Gobierno, que difundió un comunicado a través de la Oficina del Presidente. Según la administración, la fusión entre Telefónica y Telecom consolidaría una posición dominante en el sector, otorgando a Telecom un control aún mayor sobre las telecomunicaciones, ya que actualmente dispone de 80 MHz más de espectro que sus competidores. Esta concentración no solo superaría los límites permitidos de espectro radioeléctrico, sino que también reduciría drásticamente la competencia, dejando a Claro con apenas un 33% del mercado y en una posición operativa debilitada.

En el Gobierno insisten en que la resolución de este conflicto será una decisión política y anticipan que el Enacom rechazará la operación. El jefe de Darío Genua, Guillermo Francos, abordó el tema poco después de que se conociera la noticia. Durante una entrevista televisiva, el Jefe de Gabinete fue categórico: «Hay una decisión que se tomará en términos políticos. El Gobierno tiene que analizar con los órganos correspondientes si aquí, en esta venta, se genera una situación monopólica o no. Y después tomará una decisión, la decisión consiste en aprobar o rechazar esa venta y el Gobierno lo hará en el momento oportuno».

Los argumentos expuestos por Genua y respaldados en Casa Rosada de manera extraoficial anticipan un rechazo por parte de la administración de Javier Milei, lo que podría derivar en un fuerte conflicto judicial. «Al Gobierno le interesa que exista el libre mercado, que los consumidores elijan libremente el mejor servicio. La definición debe ser rápida desde el Ente Nacional de Comunicaciones y de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Estamos trabajando arduamente y en forma transparente», aseguró Genua.

Desde Balcarce 50 también buscan despegar al Presidente de sus declaraciones previas en favor de los monopolios. «Javier dijo que estaba a favor de los monopolios naturales. Éste de Clarín no es el caso», aclaró una fuente de alto rango del Gobierno. En esa misma línea, Genua lanzó una fuerte crítica contra el holding mediático: «Este es el único Gobierno que no hizo negocios con el Grupo Clarín en los últimos años y vamos a hacer todo lo posible para seguir en esa línea».

Por otro lado, el funcionario destacó que se utilizarán todas las herramientas legales disponibles para frenar la operación: «Hay topes que marca la ley y vamos a hacer todo lo posible para morigerar, atenuar o anular la operación y usar las herramientas para que esta operación no afecte el trabajo de bajar la inflación que venimos haciendo con todo el esfuerzo y con toda la sociedad en conjunto. Si esto implica un monopolio sería muy grave, uno quiere conectarse a internet cuando llega a su casa, llamar por teléfono o ver el cable y si siempre es el mismo grupo, el Gobierno no quiere esto».