El Gobierno avanzó en la elaboración de una reforma tributaria con el objetivo de simplificar el esquema impositivo y corregir desequilibrios históricos, aunque dejó en claro que no impulsó un proyecto integral en el corto plazo. El enfoque oficial priorizó la consistencia fiscal y subordinó cualquier alivio tributario a la preservación del superávit.

Los lineamientos quedaron reflejados en un documento que circuló en el marco del programa con el Fondo Monetario Internacional. Allí se planteó la necesidad de mejorar la equidad y la eficiencia del sistema, junto con “la racionalización del gasto fiscal del IVA, la normalización de los impuestos especiales y la reducción de los impuestos distorsivos sobre el comercio y las transacciones financieras”. El texto también indicó que las propuestas contaron con apoyo técnico del Banco Mundial y del BID.

La hoja de ruta oficial ubicó a la reforma tributaria como uno de los ejes de la próxima revisión del programa con el FMI, prevista para febrero. Según el informe del organismo, “Las propuestas iniciales, que también se están preparando con el apoyo del Banco Mundial y el BID, se presentarán a finales de diciembre de 2025 para que puedan entrar en vigor el próximo año”. Pese a esa mención, el Ejecutivo evitó confirmar plazos y ratificó una estrategia gradual.

Desde el Gobierno explicaron que la reforma tributaria mantuvo una relación directa con los cambios en materia laboral. El presidente Javier Milei sostuvo que “La reforma tributaria tiene complementos con la modernización laboral; son cosas que se están trabajando”, y remarcó que el proceso avanzó por etapas. En esa línea, el oficialismo previó que el proyecto de reforma laboral se debatió en febrero, con un capítulo fiscal que impactó sobre la recaudación.

El ministro de Economía, Luis Caputo, buscó moderar expectativas y descartó una reconfiguración inmediata del esquema impositivo. “No va a haber en lo tributario una reforma. Nosotros siempre vamos a seguir haciendo cosas a medida que los números nos permitan hacerlo. En esta primera etapa, hemos puesto en términos de costo un foco importante en darle una mano a la reforma laboral”, afirmó. La definición dejó en claro que el superávit fiscal funcionó como condición excluyente para cualquier reducción o eliminación de tributos.

Las estimaciones privadas advirtieron sobre el costo fiscal de las medidas en análisis. La consultora Invecq calculó que la reducción de contribuciones patronales implicó resignar 0,5 puntos porcentuales de recaudación. En el caso del impuesto a las Ganancias, se evaluaron cambios como la exención para el alquiler de viviendas. El Instituto Argentino de Análisis Fiscal estimó que “En conjunto, se estima que el costo fiscal directo inicial anual es del orden del 0,22% del PBI, lo que en moneda actual serían $ 1,9 billones. De este total, al gobierno nacional le corresponden $ 790.000 millones y al conjunto de provincias y CABA $ 1,12 billones”.

El impacto pleno de estas medidas no se reflejó de manera inmediata. Según los cálculos, los efectos fiscales comenzaron a sentirse a partir de 2027, cuando las empresas y las personas alcanzadas presentaron sus declaraciones juradas correspondientes al ejercicio 2026. Aun así, el Ministerio de Economía conservó la última palabra sobre la implementación. El artículo 212 estableció que varias disposiciones entraron en vigencia cuando así lo dispuso la cartera que conduce Caputo, entre ellas el Fondo de Asistencia Laboral, el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones, la reducción de alícuotas en Ganancias y otras modificaciones tributarias.

En el oficialismo reconocieron que, si estos cambios se pusieron en marcha, el Ejecutivo debió reforzar los esfuerzos para sostener el equilibrio fiscal, una de las variables centrales del acuerdo con el FMI. Ese escenario exigió nuevos recortes de gasto o una mejora en la recaudación. Por lo pronto, el Gobierno avanzó en el diseño de la reforma tributaria, pero descartó una transformación profunda del sistema en el corto plazo, y dejó atadas las definiciones a la evolución del superávit y al consenso con las provincias sobre impuestos coparticipables.