Con el ojo puesto en el desempleo, el Gobierno busca avanzar en la flexibilización de las condiciones laborales. Junto a la UIA y al Consejo de Mayo, desde el Ejecutivo apuntan a poder implementar la reforma laboral luego de las elecciones de octubre.

Dentro de los principales puntos de debate aparecen: reducir feriados no laborables, limitar las licencias sindicales de los delegados y establecer rangos de montos indemnizatorios según antigüedad de los trabajadores despedidos. La entidad fabril rechaza el fondo de cese laboral.

En el Consejo de Mayo, se trabaja en la revisión del texto definitivo de la reforma laboral, con vistas a su presentación en diciembre. La iniciativa tiene su origen en un proyecto elaborado previamente por la Unión Industrial Argentina (UIA) junto a Juan Pazo, titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y exsecretario coordinador del Ministerio de Economía bajo la gestión de Toto Caputo. En ese momento, el borrador fue conocido como mini RIGI o ley de promoción para pymes.

Por parte del movimiento sindical, el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, representa a la CGT en el Consejo. También participa Andrés Rodríguez, secretario general de UPCN y adjunto de la central obrera, quien respaldó la presencia institucional de la CGT en el espacio de diálogo. “Así como decidimos ingresar, también podemos retirarnos. Sostenemos una visión modernista sobre la reforma laboral, pero no estamos dispuestos a aceptar que eso implique cercenar los derechos de los trabajadores”, advirtió.

El Gobierno libertario ya había dado los primeros pasos en materia de reforma laboral con la aprobación de la Ley Bases (27.742) en 2024. Entre los cambios destacados, se implementó un blanqueo laboral, se extendió el período de prueba para nuevos trabajadores —de tres a seis meses, con la posibilidad de ampliarse a ocho meses o un año, dependiendo del tamaño de la empresa— y se eliminaron las multas y sanciones para empleadores que tengan trabajadores no registrados.

La normativa también introdujo la figura del “trabajador independiente con colaboradores”, que permite a titulares de pequeños emprendimientos incorporar personal sin asumir las obligaciones laborales típicas de una relación de dependencia.

No obstante, el avance reformista encontró límites judiciales: el capítulo laboral del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70 fue suspendido por la Justicia, tras cuestionamientos por pretender eliminar el pago de horas extra y restringir el derecho de huelga.