La energía nuclear dejó de ser una promesa para convertirse en una realidad productiva en la Argentina. Hasta fines de 2023, el país mantenía un papel de liderazgo regional con proyectos como el reactor Carem y el RA-10, y con las tres centrales operadas por Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA): Atucha I y II, en Buenos Aires, y Embalse, en Córdoba. Ese avance comenzó a revertirse con la decisión del Gobierno de privatizar parte de la empresa estatal, una medida que especialistas consideran un golpe a la soberanía tecnológica.

La Resolución 1751/2025, publicada en el Boletín Oficial, formalizó el inicio del proceso de venta del 44 por ciento del paquete accionario de Nucleoeléctrica. El Estado conservará el 51 por ciento y los trabajadores, el 5 restante. En un principio, el oficialismo pretendía desprenderse del 100 por ciento de las acciones, pero una negociación legislativa frenó ese intento y permitió mantener la mayoría estatal.

Actualmente, Nucleoeléctrica provee el 7 por ciento de la energía eléctrica del país y genera superávit. En el primer trimestre de 2025, registró ganancias por 17 mil millones de pesos. A pesar de ese desempeño, el Gobierno busca ponerle precio a una parte de la compañía para sumar divisas. La Secretaría de Energía será la encargada de definir el valor, luego de un inventario de sus activos.

El físico y exvicepresidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, Diego Hurtado, advirtió: “El sector nuclear es una de las pocas escuelas que logró crear Argentina para el desarrollo de tecnología. Mucho de lo que se fabrica en el rubro termina volcándose a otros sectores de la economía. Aunque la privatización del 44 por ciento puede pasar desapercibida en términos de impacto inmediato a la población, el efecto en cadena termina siendo devastador: nos están llevando al subdesarrollo”.

Frente a ese escenario, la oposición impulsó la Ley de Emergencia y Financiamiento del sector científico, que busca proteger las empresas públicas estratégicas vinculadas a la energía nuclear, las telecomunicaciones, el espacio y la defensa. El proyecto obtuvo media sanción en Diputados, pero su avance se estancó en el Senado.

Los motivos del Ejecutivo se explican en varios planos. Por un lado, responde a la visión ideológica del oficialismo, que sostiene que lo privado siempre resulta más eficiente que lo estatal. El ingeniero electricista Nicolás Malinovsky, autor de Crítica de la energía política, refutó ese argumento: “Hay evidencias de que lo privado en nuestro país no ha sido mejor que lo público. Cuando en los 90 se privatizaron muchas empresas, por lo general fueron mal gestionadas y saqueadas”. Agregó: “Cuando se privatizó YPF, se desmantelaron los laboratorios, se robaron los desarrollos de años y, en vez de aumentar su producción, el rendimiento fue a la baja”.

Malinovsky también alertó sobre los riesgos de desregulación: “Luego el privado será quien establecerá el precio y si el Estado está debilitado no podrá regular para que estos sean acordes al costo de producción. Si se privatiza Nucleoeléctrica, perjudicará a la sociedad argentina en su conjunto y será una traba para pensar un proyecto de desarrollo nacional con industria”.

Otra lectura apunta a la influencia de Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional (FMI). En agosto, el organismo recomendó acelerar las privatizaciones y presentar un plan de venta de empresas estatales antes de noviembre. “Esta privatización parcial responde a una injerencia de Estados Unidos que, a través del FMI, manda privatizar empresas estatales. Nucleoeléctrica no solo se trata de una empresa que puede operar sino también construir centrales nucleares”, explicó Malinovsky. Hurtado coincidió y señaló que “en el informe del FMI hay menciones explícitas a la necesidad de privatizar empresas públicas para sostener la restricción fiscal y monetaria”.

La medida también tiene una motivación financiera inmediata. El Gobierno necesita dólares y calcula recaudar alrededor de mil millones por la venta parcial. Sin embargo, esa cifra podría diluirse rápidamente. En septiembre, el Banco Central perdió más de 1.100 millones de dólares en pocos días para contener la suba del tipo de cambio.

Mientras tanto, los países desarrollados refuerzan su apuesta por la energía nuclear. Estados Unidos, China y Francia amplían sus programas, mientras la Argentina se desprende de décadas de conocimiento acumulado. Hurtado recordó que “en mayo Trump firmó cuatro órdenes ejecutivas para relanzar la industria nuclear de Estados Unidos” y que nuestro país figura entre los socios del programa estadounidense First, orientado al desarrollo de reactores bajo control norteamericano.

Malinovsky analizó el contexto global: “Estamos viviendo un proceso de crisis donde la hegemonía estadounidense declina y es disputada por China. Frente a ello, el gobierno argentino decide abrir las fronteras, recibe importaciones de todo tipo y se asocia incondicionalmente a Estados Unidos. En vez de aprovechar la crisis para reindustrializarse y desarrollar energía nuclear, paraliza todos los proyectos autóctonos y solo exportará uranio como materia prima”.

Mientras China construye 29 reactores y Estados Unidos conserva 94 operativos, la Argentina frena sus proyectos propios. Con la privatización de Nucleoeléctrica, el país pierde otro bastión del conocimiento científico que lo distinguió en la región y se aleja, una vez más, de una política energética basada en la soberanía y la innovación.