En un movimiento de última hora, el Gobierno nacional intentó bloquear la obligación de girar fondos a las universidades mediante una presentación judicial ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. La Procuración del Tesoro impulsó un recurso extraordinario con el objetivo de frenar la ejecución de los artículos centrales de la Ley de Financiamiento Universitario.

La ofensiva judicial apuntó contra la resolución que ratificó una cautelar a favor de las casas de estudio. Ese fallo ordenó aplicar mecanismos de actualización salarial y recomposición de ingresos para el sistema universitario. El Ejecutivo pidió que el recurso tenga efecto suspensivo para evitar desembolsos inmediatos, aunque los plazos ya se encontraban vencidos.

El caso quedó encaminado hacia la Corte Suprema. En ese marco, el oficialismo solicitó que los jueces del máximo tribunal se aparten del expediente por su vínculo con el ámbito académico y reclamó la designación de conjueces.

Desde el Ejecutivo sostuvieron que la medida judicial genera un daño severo en las cuentas públicas. Argumentaron que obliga a ejecutar gastos sin respaldo presupuestario y pone en riesgo el equilibrio fiscal. En esa línea, insistieron en que la norma carece de financiamiento definido. “el estado actual sigue de imposible aplicación porque no prevé una fuente de financiamiento”, señalaron fuentes oficiales.

El planteo oficial también incluyó críticas al rol del Poder Judicial. En la Casa Rosada consideran que la cautelar avanzó sobre facultades propias del Congreso y del Ejecutivo. Por eso reclamaron respeto por la división de poderes y cuestionaron la decisión de intervenir en la asignación de recursos.

Funcionarios del área educativa reforzaron ese argumento tras reuniones con autoridades del sistema universitario. “En ningún momento se previó donde obtener esas partidas. De manera posterior se trató el Presupuesto 2026 y quienes impulsaron esta ley podrían haber dicho de dónde tenían que salir las partidas y tampoco lo hicieron. Frente a esta situación y al agotamiento de los plazos, estamos presentando el recurso hasta que se pueda definir la forma de financiamiento”, indicaron.

Pese a la estrategia judicial, en el Gobierno admiten que la obligación de pago ya rige. Fuentes oficiales reconocieron que la Corte podría no intervenir en esta instancia. Esa situación dejaría firme la cautelar y obligaría a realizar transferencias por una suma cercana a los $2,5 billones.

La tensión crece dentro del equipo económico. El cumplimiento del fallo implicaría el regreso del déficit fiscal, uno de los ejes centrales del programa de ajuste. Además, en el Ejecutivo reconocen que no disponen de los recursos necesarios. “Hoy en día no vamos a pagar. Lo digo así porque realmente no tenemos la plata. Ahí tiene que ver qué hace Manuel [Adorni, que por ser jefe de Gabinete es el responsable de redistribuir fondos presupuestarios] con eso para ver cómo se consigue la plata. Pero hoy en día no la tenemos”, afirmó una fuente oficial.

En paralelo, especialistas del ámbito judicial remarcaron que existen pocos antecedentes que respalden la suspensión de este tipo de cautelares. Aunque mencionaron algunos casos aislados, la tendencia general no favorece la posición del Gobierno.

La disputa tiene origen político y legislativo. La ley fue sancionada tras el rechazo del veto presidencial en el Congreso, en un escenario donde la oposición logró imponer su agenda. La normativa estableció la actualización de salarios docentes y no docentes, junto con la recomposición de becas estudiantiles.

Desde el sistema universitario advirtieron sobre el deterioro acumulado en los últimos años. Datos del Consejo Interuniversitario Nacional indicaron que las transferencias sufrieron una fuerte caída en términos reales, mientras que los salarios perdieron poder adquisitivo frente a una inflación elevada.

Con este escenario, el conflicto se trasladó al plano judicial y financiero. La definición de la Corte marcará el rumbo inmediato, pero en el Gobierno ya evalúan alternativas ante un desenlace adverso. Mientras tanto, la obligación de financiar a las universidades presiona sobre las cuentas públicas y expone una nueva tensión entre el Ejecutivo y el sistema educativo.