El reciente anuncio del Gobierno sobre la desclasificación de archivos sobre el accionar de las Fuerzas Armadas durante la dictadura parece, a simple vista, un avance hacia la transparencia. Sin embargo, este gesto se contradice con las decisiones tomadas en las entradas del Ministerio de Defensa. La eliminación de los equipos que investigan estos archivos desclasificados y el desmantelamiento de los equipos civiles encargados de analizar y releer esos documentos, apuntan más a un intento de frenar las investigaciones que a una verdadera apuesta por la verdad.

Noelia Barral Grigera, periodista especializada en derechos humanos, afirmó: «Los archivos están desclasificados, pero lo que ha hecho el Gobierno de Javier Milei es desarticular a los equipos que investigaban en esos archivos desclasificados».

En ese sentido, de nada sirve tener documentos accesibles si no hay nadie para analizarlos y sacar conclusiones que ayuden a esclarecer el papel de las Fuerzas Armadas en los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. El Ministerio de Defensa, encabezado por Luis Petri, tomó la decisión en agosto de 2024 de desmantelar este equipo clave, argumentando que los investigadores «perseguían a militares». Pero, como bien señala Barral Grigera, ¿de qué sirve la desclasificación si no hay voluntad política para investigar y tomar decisiones en función de los hallazgos?

Con respecto a la desclasificación de los archivos de la dictadura que anunciará el gobierno, es muy importante escuchar esto que hoy contó @nbg__, y que no se vio en muchos lugares, porque expone la falta de escrúpulos de Milei, Petri y Cuneo Libarona.
Los archivos están… pic.twitter.com/oRskDbmQTp

— Editor✍ (@Editor_76) March 25, 2025

La postura del Ministerio de Defensa se complementa con una dirección clara en la que los militares retirados, ahora en puestos clave de la cartera, muestran su incomodidad con la profundización de las investigaciones. Esta actitud va en línea con lo que organismos de derechos humanos han denunciado: el Gobierno no solo ha debilitado las políticas de memoria, sino que también obstaculiza la búsqueda de justicia. El comunicado de organizaciones como Abuelas de Plaza de Mayo, HIJOS y el CELS recuerda que el desmantelamiento de estos equipos «obstaculiza el proceso de justicia y de averiguación de la verdad», lo cual no hace más que retroceder en la lucha por esclarecer el destino de los miles de desaparecidos.

El vaciamiento de estos equipos y su reemplazo por personal ajeno al área no son hechos aislados. Están enmarcados en una serie de despidos masivos que afectan a millas de trabajadores del Estado, como si la desprotección de los derechos humanos fuera de un ajuste más de la administración nacional. La pérdida de recursos técnicos y humanos capacitados en temas tan sensibles como los derechos humanos pone en riesgo un proceso clave para la sociedad argentina: la búsqueda de la verdad histórica y la justicia para las víctimas de la dictadura.

Mientras tanto, el Gobierno sigue sosteniendo su versión, que considera la investigación del accionar de las Fuerzas Armadas durante la dictadura como un “hostigamiento” y una “estigmatización” de la institución. ¿Acaso este es el camino para lograr una verdadera reconciliación y justicia? Los organismos de derechos humanos, la sociedad civil y los sectores comprometidos con la memoria y la justicia continúan exigiendo el acceso irrestricto a los archivos y un compromiso claro con la preservación de la verdad.

Este conflicto refleja una paradoja: el Gobierno habla de transparencia y acceso a la información, pero en los hechos, obstaculiza el trabajo serio de quienes buscan esclarecer los horrores del pasado. Si el Estado quiere realmente contribuir a la memoria y justicia, debe asegurar el acceso a esos archivos y garantizar la continuidad de los equipos encargados de analizarlos, sin interferencias ni desarticulaciones que parecen más una estrategia para borrar huellas que una apuesta por la verdad.